La LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Penal de la entidad mediante la cual se establecen sanciones de prisión y multa para las personas que se apropien o sustraigan agua potable de la infraestructura hidráulica.

De acuerdo con el dictamen aprobado, a las personas que cometan dicho delito se les impondrán de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 días multa. Estas sanciones también aplicarán para quienes comercialicen, transporten o suministren agua potable sustraída ilegalmente.

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La propuesta establece que cuando la cantidad de agua robada sea mayor a 400 litros, pero menor a 5 mil, se sancionará con uno a tres años de prisión y de 100 a 200 días multa, mientras que cuando se rebasen los 5 mil litros, se impondrán de dos a seis años de prisión y de 150 a 300 días multa.

De igual forma, se tipificó como delito la alteración de medidores de consumo de agua para fines de lucro en beneficio del usuario, por lo que quien cometa estos actos recibirá entre uno y dos años de prisión y multa de entre 50 y 100 días.

De acuerdo con información de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), en 2023 se detectaron más de 4 mil tomas clandestinas del líquido en la zona metropolitana de Pachuca; los municipios con mayor incidencia fueron Mineral de la Reforma, Pachuca y Zempoala.

Por otro lado, la LXV Legislatura también avaló castigar con hasta cuatro años de prisión y multa de 100 días a quienes disparen un arma de fuego sin causa justificada, al considerar que esta práctica puede causar lesiones e incluso muertes.