Todo atascado por desacato del Tribunal de Arbitraje de Hidalgo a sentencia judicial federal, en caso del SUTSPEEH
Una sentencia federal puso en jaque al Tribunal de Arbitraje de Hidalgo, pero el desacato persiste sin consecuencias claras ni respuestas oficiales
El desacato a una orden judicial, ahora federal, por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, fue confirmado por una resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Pachuca, Hidalgo, el 4 de julio de 2025, en el juicio de amparo indirecto 132/2023-2, después que se cercioró que no fue cumplida la sentencia de 27 de junio del presente año, en donde ordenaba darle la razón jurídica a Víctor Licona Cervantes y ampararlo, o protegerlo de todo lo juzgado de manera irregular, en el juicio que se mantiene por el control del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo (SUTSPEEH).
El juzgado ordenó:
Dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio laboral 89/2022 de su índice, con posterioridad a lo resuelto en audiencia incidental de falta de competencia de 30 de septiembre de 2022, incluyendo las medidas cautelares impuestas el 26 de enero de 2023.
Informar lo conducente respecto a la incompetencia planteada.
Es decir, nada de lo resuelto, de manera legal, por autoridades en Hidalgo, tiene validez desde el año de 2022, cuando se inició este litigio, al grado que se han cometido descalabros uno tras otro desde aquella época cuando le fue negada o retirada la toma de nota a Víctor Licona, pero que se defendió y tiene la razón jurídica de la justicia federal, porque la local parece torcida en beneficio de intereses oscuros y utiliza criterios que no son jurídicos, sino sacados de la manga, como si los abogados que trabajan en el Tribunal de Arbitraje no hubieran estudiado la carrera de Derecho, la hubieran pasado de noche, con calificaciones regaladas o su mala fe es lo que los guíe en sus responsabilidades profesionales.
Pero se les olvida, o lo ignoran por prepotencia, que toda acción cometida tiene consecuencias y responsabilidades y eso es lo que les recuerda la justicia federal, a través de la sentencia del Segundo Juzgado de Distrito, en donde deja claro, a la vista de todos, que ha habido excesos, incompetencias, mala interpretación de la ley, sesgos, contubernios, favoritismos y componendas, con tal de darle la razón jurídica a quien no la tiene y se aferra a mantener sus dichos, solo por no hacer quedar mal a sus superiores.
La sentencia del 4 de julio está clarísima y demoledora, sin embargo, el juez hace esta deliberación:
“Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido en proveído de 27 de junio de 2025 (fojas 506 a 508) a Óscar Adrián Escamilla Oropeza, en su carácter de presidente; Cynthia Córdova Aladro, representante del gobierno, y Mizraim Martínez Hernández, representante de los trabajadores, adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con sede en Mineral de la Reforma, (o bien, a las personas que les hayan sucedido en el respectivo cargo), para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que así lo hayan hecho, a pesar de haber sido debidamente notificados (foja 511); en tal virtud, a efecto de lograr su cumplimiento y antes de dar inicio al procedimiento sancionador previsto en la ley de la materia, se estima oportuno realizar un último requerimiento”.
Les dieron tres días más para cumplir, después de su notificación oficial, tiempo que ya transcurrió hasta este momento, pero que no conocemos, nadie, de su cumplimiento o negativa, porque nada oficial responden sobre este tema, solo misterio y encubrimiento, todo escondido como se acostumbra en estos casos.
El juez así lo proveyó y firma Ulises Tadeo Reyes Jacobo, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, encargado del despacho por licencia de la titular:
“Con el apercibimiento para los integrantes del referido tribunal que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se les impondrá en forma individual una multa de 230 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 26 mil 22 pesos, 20 centavos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo”.
Hechos que muestran claramente que el Tribunal de Arbitraje de Hidalgo solo busca alargar en lo posible este juicio, en lugar de resolverlo conforme a derecho, cual abogados chicaneros, tramposos y saltimbanquis, es que solicitaron oficialmente al juzgado federal una prórroga para dar cumplimiento al fallo dictado en el expediente, pero resulta que le contestaron que no ha lugar, debido a que no acredita encontrarse en vías de su cumplimiento conforme se dispone y ordena.
No quiere cumplir el Tribunal de Arbitraje de Hidalgo la sentencia dictaminada por la justicia federal, a pesar de los apercibimientos demoledores y amenazantes, pues incluso podrían ir a la cárcel, como consignamos en anteriores entregas, pues tal parece que le apuestan a la protección de los más altos niveles del gobierno estatal, que no estamos tan seguros que les alcancen para burlar y evadir la ley. Todo cae por su propio peso.
En el colmo de seguir torciendo este tema, recientemente se hicieron declaraciones desde los más altos mandos, donde mencionan que, a falta de dirigencia del SUTSPEEH, la Secretaría del Trabajo de Hidalgo podría publicar la convocatoria para elegir al nuevo dirigente sindical de los burócratas de Hidalgo, pero esto sería irregular, porque esta dependencia no tiene facultades para esto, los únicos son los trabajadores. Les da tentación, tiemblan sus dedos, querer arreglar los temas sindicales al modo de los políticos en turno, pero le ley no lo permite.
La Secretaría del Trabajo se debe ocupar de hacer bien lo suyo, basado en sus normativas, hacer lo que le permite la ley, no más allá. Recordemos que, en su momento, la conseja popular quería obligar a Luisa María Alcalde, entonces titular de la Secretaría del Trabajo federal, para que interviniera de más y metiera las manos en la elección de la dirigencia del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, pues, dicen, quizá con razón, que ya es momento de democratizarlo y arrancarlo de las manos de caciques y líderes corruptos. Es posible que tengan razón, pero la diferencia está en el cómo se harán las cosas, de cómo enderezar estos temas, basados en la ley, no en ocurrencias que ponen más en entredicho a las autoridades, que por otra parte transitan en el filo de la navaja cuando se refiere al tema legal, de derechos de los otros.
Lo aconsejable, en este tema, es respetar la ley. Caminar derechito. Que las partes se sienten a dialogar y lleguen a acuerdos, basados en la civilidad, no en la ley del garrote. Sabemos que los gobiernos estatales tienen proyectos que cumplir, que tienen en sus manos más poder político y jurídico que cualquier ciudadano de a pie, pero no todo es fuerza, también hay razón y debe haber humanismo. ¿A dónde queremos llegar?
EN CORTO… Que los choferes de la ruta de combis para Real de Monte hacen lo que se les antoja, con sus propias leyes o reglamentos, sin importarles que tienen normativa de la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal. Este jueves pasado, aprovechando el arranque de la Feria de la Platería, en este Pueblo Mágico, ajustaron la tarifa de un viaje hacia Pachuca donde cobraron a los pasajeros 25 pesos cada uno, si querían, con el argumento que era la última de la noche, las 21:00 horas, cuando todavía faltaban 10 minutos para el tope. El costo normal es de 13 pesos. Policías locales apoyaron esta medida abusiva y sirvieron como interlocutores con los usuarios. Todos aceptaron este pago por urgencia de regresar a casa, hasta un grupo de mariachis pagó el costo. Inconformidad, mucha. Corrección y castigo, no sabemos. Puede haber protección y cinismo.
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