Al menos 18 personas físicas y morales —entre ellos siete alcaldes, cuatro directores generales, un subsecretario, tres secretarios, además de tres accionistas— se encuentran bajo investigación, como parte del saldo que hasta el momento han dejado las indagatorias por desvíos de recursos públicos durante la pasada administración estatal, de los cuales se han recuperado 105 millones de pesos de más de 500 millones que no fueron transparentados.
El martes pasado, la Pro-curaduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó sobre la detención de Manuel H. B., alcalde de Tula de Allende, por el delito de uso ilícito de atribuciones por presuntamente otorgar contratos ilegales por más de 66 millones de pesos que debieron de utilizarse para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el desbordamiento del río de la demarcación en septiembre de 2021.
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En tanto, seis de sus homólogos, quienes gobernaban en Yahualica, Huautla, Epa-zoyucan, Pisaflores, Nopala de Villagrán y Tlahuelilpan, están implicados en un esquema de corrupción similar denominado Estafa Siniestra, al igual que algunos directores de área, secretarios y subsecretarios del gobierno estatal anterior.
Al corte del 26 de julio pasado, en total, se habían recuperado 105 millones de pesos de 522 millones de pesos que no se transparentaron por todos los funcionarios públicos mencionados, según autoridades estatales; sin embargo, ese recurso todavía no se ejecuta en obra pública o programas sociales, como lo informaron hace unos meses autoridades estatales.
Los involucrados en la "Estafa Siniestra"… hasta ahora
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Los alcaldes vinculados a proceso señalados por desviar recursos públicos a través de la Estafa Siniestra son Fidel A. S., de Epazoyucan; Felipe J. R., de Huautla; Elías S. S., de Yahualica; Luis Francisco G. G., de Pisaflores, y José Alfredo D. M., de Tlahuelilpan. Los tres primeros se encuentran en prisión, mientras que los dos últimos enfrentan su proceso en libertad. Además, Luis Enrique C. G., quien era alcalde de Nopala de Villagrán, también involucrado en la distracción de dinero del erario, se encuentra evadido de la justicia desde 2022.
En total, a los exalcaldes anteriores se les acusa de no transparentar más de 250 millones de pesos, algunos, por partidas para fumigación; otros, para insumos para combatir el Covid-19, y en el caso de Tula de Allende, por distraer dinero público destinado a atender la inundación de septiembre de 2021, cuyo saldo fue 17 personas fallecidas y daños millonarios.
En cuanto a los funcionarios estatales, el exoficial mayor de la anterior administración estatal, Martiniano V. O., fue vinculado a proceso, al igual que Pablo N., exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).
En entrevista previa, el 19 de julio pasado, Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la PGJEH, informó que había solicitado órdenes de aprehensión contra empresarios implicados en este fraude, perpetrado a través de empresas fantasma.
Algunas de estas firmas simularon proveer de insumos para la prevención de contagios de coronavirus, durante la pandemia en Hidalgo, luego de que desde la Oficialía Mayor se les adjudicaran de manera directa varios contratos millonarios.
Luis Godínez | Pachuca
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Pavimentaciones, rehabilitaciones de caminos, insumos médicos para la pandemia de Covid-19, fumigaciones, limpieza de presas y renta de maquinaria fueron los gastos que presuntamente los alcaldes relacionados con la Estafa Siniestra efectuaron con el dinero que no pudieron comprobar debidamente.
Desde noviembre de 2022, seis presidentes municipales han sido vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de sus atribuciones al incurrir en el supuesto desvío de recursos extraordinarios durante la pasada administración estatal.
Las demarcaciones cuyos mandatarios fueron imputados por este caso son de Yahualica, Huautla, Epazoyucan, Pisa-flores, Tlahuelilpan y Nopala de Villagrán, que, en conjunto, fueron acusados de no comprobar el destino de 179 millones de pesos.
