Pavimentaciones, rehabilitaciones de caminos, insumos médicos para la pandemia de Covid-19, fumigaciones, limpieza de presas y renta de maquinaria fueron los gastos que presuntamente los alcaldes relacionados con la Estafa Siniestra efectuaron con el dinero que no pudieron comprobar debidamente.
Desde noviembre de 2022, seis presidentes municipales han sido vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de sus atribuciones al incurrir en el supuesto desvío de recursos extraordinarios durante la pasada administración estatal.
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Las demarcaciones cuyos mandatarios fueron imputados por este caso son de Yahualica, Huautla, Epazoyucan, Pisa-flores, Tlahuelilpan y Nopala de Villagrán, que, en conjunto, fueron acusados de no comprobar el destino de 179 millones de pesos.
Luis Enrique Cadena García, alcalde del último municipio mencionado, actualmente se encuentra prófugo de la justicia y señalado de no transparentar 71 millones 960 mil pesos de recursos extraordinarios.
Las necesidades de la población en las que presuntamente se utilizó ese dinero fueron la fumigación y desazolve de la presa local, la cual sirve para el desarrollo de las actividades económicas de la zona, además de la rehabilitación de algunos caminos que conectan a comunidades con la localidad principal.
Luis Francisco González Garay, de Pisaflores, fue señalado de no comprobar 30 millones 960 mil pesos en dos partidas: la primera, supuestamente destinada a combatir la contingencia del coronavirus, mientras que la segunda fue para la reconstrucción de arterias; ambas no fueron justificadas debidamente.
Por otro lado, Felipe Juárez Ramírez, de Huautla, no transparentó 26 millones 65 mil pesos que, al igual que el caso antes mencionado, se dividió en dos partes: para la adquisición de insumos para evitar la propagación del Covid-19 y, de forma similar, para obras públicas, que no se pudieron comprobar al momento de las auditorías.
En tanto, José Alfredo Díaz Moreno, expresidente municipal de Tlahuelilpan, presuntamente adquirió programas informáticos para la población por un costo de 20 millones 996 mil pesos, de los cuales no existió documentación probatoria.
Otro de los alcaldes que actualmente enfrentan un proceso penal es Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica, quien, al igual que otros imputados, solicitó 15 millones de pesos para afrontar la pandemia de coronavirus en su demarcación, pero tampoco pudo justificar el gasto, por lo que se le acusó de peculado.
El edil con la menor cantidad de recursos desviados es Fidel Arce Santander, de Epazoyucan, quien supuestamente utilizó 14 millones 215 mil pesos para la rehabilitación de caminos, escuelas y espacios públicos que no mostraron ningún cambio o mejoría; ahora, está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
Luis Godínez | Pachuca
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