De los 59 sitios de disposición final de residuos que existen en Hidalgo, únicamente ocho son considerados sitios controlados, mientras que 47 son espacios no controlados; es decir, se vierten y mezclan diversos tipos de desechos sin protección al entorno, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat).
Además, hay más de 400 tiraderos a cielo abierto que operan de forma clandestina; es decir, que no están avalados ni han sido clausurados por la dependencia homóloga estatal (Semarnath), aun cuando sabe en dónde están, afirmó el presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), Marco Antonio Moreno Gaytán.
El activista señaló que ese tipo de espacios ha incrementado, pues en ocasiones los camiones recolectores dejan de recorrer ciertas zonas de las localidades. En Pachuca, por ejemplo, podrían ser ciertos barrios de la periferia, donde los habitantes buscan dónde depositar sus desechos.
“Así van surgiendo los tiraderos clandestinos. Entonces, es una cuestión de infraestructura, de recursos económicos y de diagnósticos”, planteó.
Asimismo, afirmó que, entre clausuras por incumplimiento de la norma, oposición social a plantas tratadoras de basura y rellenos sanitarios que están por cumplir su vida útil, ningún municipio del estado cumple con un adecuado manejo de desechos sólidos, por lo que consideró que la gestión en esta materia “es un desastre”.
A principios de este mes, la Semarnath suspendió el espacio en el que el ayuntamiento de Actopan tenía previsto llevar a cabo el traspaleo de residuos, mientras que hace un par de años la dependencia clausuró definitivamente el relleno sanitario de la localidad La Estancia, al que se oponían habitantes del lugar.
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Además, en junio del año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el centro de tratamiento que autoridades municipales de Atitalaquia tenían previsto operar, contra el que protestaron pobladores de la zona, uno de los cuales perdió la vida.
Moreno Gaytán destacó que se tiene que evolucionar a nuevos métodos de disposición de residuos, no con más rellenos tradicionales, sino con plantas de transferencia, que además pueden generar ingresos adicionales a los municipios.
En el caso de Pachuca, por ejemplo, el monto que se podría obtener es de 250 a 300 millones de pesos por la valorización y comercialización de los residuos, aseveró.
“Al final, en un relleno sanitario es como si metiéramos la basura debajo de la alfombra”, manifestó.
Yuvenil Torres
