Gerardo Romero García, presidente de la asociación civil Defensa Integral en Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (Defiendehh), aseveró que las principales violaciones de garantías individuales en galeras derivan de tener instalaciones de “muy baja calidad” y con incomunicación, además del trato que reciben los detenidos por parte de los policías, quienes no siempre están capacitados en la materia.

“Son lugares que se distinguen por violaciones a derechos humanos, lo más visible es la falta de instalaciones dignas, con espacios reducidos; en ocasiones hay personas en condiciones de hacinamiento, no hay un espacio digno para dormir ni comer, esas situaciones son evidentes y con entrar al lugar uno se da cuenta”, declaró en entrevista, consultado luego de que en su edición del martes Criterio publicara el reportaje “Morir en barandillas”, que evidencia la falta de reglamentación para esos espacios y las muertes ocurridas en nueve años.

El activista comentó que las personas que son trasladadas a las galeras, en ocasiones, son víctimas de tortura, violencia física o psicológica, además de que las mantienen incomunicadas y sin explicarles su situación legal.

Agregó que, en las celdas de retención primaria, a veces, quienes son ingresados únicamente están ahí por una falta administrativa, por lo que podrían ser susceptibles a salir si pagan una multa; sin embargo, al no especificarles su estatus legal, algunas se quedan hasta que transcurren 24, 36 o hasta 48 horas.

Romero García consideró, en materia presupuestaria, que se debe destinar mayores recursos a las galeras, además de tener una propuesta de incremento de supervisión en estas celdas, puesto que, comentó, el problema atañe a toda la sociedad, ya que si los espacios están en el olvido se pueden convertir en “focos de violaciones de derechos humanos”.

Irving Cruz | Pachuca

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Entre 2013 y 2021, en 13 municipios de Hidalgo se registraron 19 fallecimientos de personas mientras estaban bajo resguardo de las policías de esas demarcaciones.

Pese a que en Hidalgo hay 84 municipios, solo Pachuca y Tepetitlán cuentan con un reglamento para los centros de retención primaria; en el primer caso han ocurrido decesos de este tipo.