El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se sumó a las voces en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, al afirmar que implica un retroceso en la administración de justicia.

En un pronunciamiento, el funcionario advirtió que la propuesta –de Morena– también favorece la impunidad y rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, por lo que llamó a abrir un parlamento abierto.

También es un retroceso, abundó, a la colaboración interinstitucional propia de un Estado de derecho, pues afecta los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

“La propuesta parte de la desconfianza de la FGR hacia las instituciones con las que se debe articular. Si bien esta hace referencia a la coordinación interinstitucional, impone mecanismos de subordinación a la fiscalía de distintas instituciones”, indicó.

“(Tales) como la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Encinas alertó que con la iniciativa además se “abandona” la participación de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas.

“Así como su responsabilidad para encabezar el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros mecanismos de protección de derechos humanos, como la Coordinación General de Investigación de los delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia”, agregó.

El subsecretario subrayó que la compleja realidad del país demanda de un diálogo amplio, interinstitucional y social que permita reencausar la procuración de justicia y articular los esfuerzos y capacidades del Estado para lograr resultados en favor de la verdad y la justicia.

Por el contrario, remarcó, la iniciativa presentada en el Senado implica una subordinación de los organismos autónomos, de la Administración Pública Federal, de instituciones estatales e incluso de particulares, al Ministerio Público.

“La autonomía constitucional de la FGR debe ser entendida como una fortaleza del Estado de Derecho, mediante la cual se garantice el acceso a la justicia, y no para fragmentar las capacidades del Estado en su respuesta a los derechos de verdad, justicia y rendición de cuentas.

“Esto adquiere mayor importancia en momentos en que el Gobierno de México ha asumido como prioridad la lucha contra la corrupción e impunidad”, puntualizó.

Para el Subsecretario, es grave que la iniciativa proponga el retiro de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de otros mecanismos, cuando lo que se requiere es de una mayor coordinación institucional.
En particular, sostuvo que la propuesta de retirarse del Sistema Nacional de Búsqueda niega el derecho de toda persona a ser buscada y pretende sustraerse de las obligaciones constitucionales y legales de la dependencia en esa labor.

“Esto implica el desconocimiento del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, construidos con la participación de las familias de las víctimas, sociedad civil y comunidad internacional.

“Ninguna iniciativa de ley o reforma en la materia puede aprobarse sin abrirse a un parlamento abierto que garantice el derecho a la participación activa de las familias de personas desaparecidas y sus representantes, así como a la participación de los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda”, añadió.

Ciudad de México I Agencia Reforma