Originalmente se había propuesto esa fecha para poner en marcha esta modificación; la iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión
El Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo principal objetivo es eliminar el nepotismo electoral y evitar la reelección en los cargos públicos donde todavía está permitida.
Con 127 votos a favor en lo general y 97 en lo particular, el dictamen avanzó para su discusión en la Cámara de Diputados, previo a su promulgación por el Ejecutivo federal.
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El propósito central de la reforma es evitar que familiares de funcionarios en el poder puedan contender para el mismo cargo de elección popular, evitando así el nepotismo.
La nueva medida contra el nepotismo electoral exige que los aspirantes no mantengan un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja durante al menos tres años antes de la elección. Además, prohíbe que familiares directos en línea recta y colateral hasta el cuarto grado busquen el mismo puesto.
Para garantizar que la iniciativa se aplique de manera efectiva, aquellos políticos que deseen postularse para un cargo de elección popular deberán esperar al menos un periodo electoral antes de poder contender. De esta manera, se pretende evitar que los lazos familiares influyan en la permanencia del poder dentro de ciertas dinastías políticas.

Uno de los puntos más debatidos en la sesión del Senado fue la propuesta de Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello de modificar la fecha de entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo. Inicialmente prevista para 2027, la modificación establece su implementación a partir de los procesos electorales de 2030.
Esta decisión generó críticas de la oposición, quienes señalaron que políticos como Félix Salgado Macedonio, Raúl Monreal y Ruth Miriam González podrían beneficiarse en las elecciones de 2027.
A pesar de las críticas, la reforma contra el nepotismo representa un paso significativo en la regulación de la política mexicana y busca frenar la herencia de poder en distintas entidades federativas. Ahora, la iniciativa se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, donde se determinará su aprobación definitiva.
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