Tras el decomiso de una cría de jaguar negra en Tepatitlán de Morelos, a raíz de la denuncia pública de la actriz Sandra Echeverría, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que en un lapso de alrededor de 15 días definirá las sanciones para los propietarios del ejemplar, que no contaban con los requisitos de ley para su legal posesión.
Así lo refirió la dependencia, luego de que ésta señalara que el ejemplar se entregó momentáneamente al zoológico Villa Fantasía de Zapopan, aunque su destino final será una unidad de manejo ambiental en Jalisco que no fue dada a conocer por seguridad de la cría de jaguar.
El decomiso se llevó a cabo el 28 de febrero en Tepatitlán, luego de que la actriz, durante el rodaje de una película en el Municipio alteño, grabó cómo una mujer paseaba en la calle con el jaguar con una pechera, cual perro doméstico, sin embargo se trataba de un felino silvestre.
Ante la publicación del video, que causó molestia de su propietaria quien publicó en redes sociales que sí cuenta con los documentos que acreditaban su legal procedencia, la Profepa acudió a la zona acompañada incluso de elementos de la Guardia Nacional, y procedió con el decomiso del ejemplar.
Debido a que en Jalisco ya no existen centros de resguardo ni rehabilitación de fauna silvestre de jurisdicción federal, la cría del felino más grande de América fue enviada al zoológico Villa Fantasía de Zapopan, cuya administración negó proporcionar información sobre su estancia debido a que la Profepa es la responsable.
El jaguar es una especie considerada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana 059 y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo cual la posesión de sus ejemplares debe contar con registro federal, documentos sobre su legal procedencia y plan de manejo.
Carecer de estos requisitos amerita el retiro del felino, así como multas que oscilan entre los 500 y hasta los 5 millones de pesos de acuerdo a la gravedad de la falta, según la Ley General de Vida Silvestre.
Violeta Meléndez | Agencia Reforma
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