Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto Inter-nacional de la Ciudad de México (AICM) acusaron a sus mandos de encabezar una red de corrupción para extorsionar migrantes.
Según la denuncia, estos obligan a empleados a realizar cobros de hasta mil dólares para facilitar el tránsito de pasajeros indocumentados.

A esa queja se añaden diversos reclamos de grupos académicos y ONG sobre la retención ilegal de participantes en la conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO 2022) que se realiza en la UNAM.

Una académica participante difundió en redes: “Impresionante la xenofobia y el maltrato de los agentes del INM con los investigadores que asisten a CLACSO 2022. Retenidos, incomunicados, amenazados con ser deportados, sometidos a puras arbitrariedades”.

A una investigadora argentina, refirió, “le piden título de la ponencia, mesa en la que va a presentar y, por si fuera poco, le dicen: ¿usted reside en Argentina? ¿Por qué habla de Chile en su ponencia?”.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Colombia emitió un comunicado de protesta por “la retención arbitraria” de profesores por parte de autoridades migratorias en el AICM.

Señalaron que Luisa Natalia Caruso, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, y María Teresa Pinto, de la Universidad Nacional de Colombia, fueron retenidas y aisladas, durante varias horas, el viernes 3 de junio.

“El día anterior también fue retenido, por varias horas, el profesor Sergio de Zubiría Samper junto con dos colegas centroamericanos que fueron deportados”, dice el comunicado de la asociación.

“Es momento de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un poco de coherencia entre un discurso que propende por la defensa de derechos sociales y unas prácticas de sus autoridades migratorias que discriminan y persiguen a los luchadores e investigadores sociales de países hermanos”, expresa el pronunciamiento.

La organización Sin Fronteras IAP reclamó que esas detenciones son recurrentes y afectan por igual a migrantes, solicitantes de asilo, turistas y académicos.

En la denuncia presentada por empleados del INM se señala a Martha Carolina Rodríguez Hernández, subdirectora de Trámites, como cabeza de una red de extorsión que ejerce represalias hacia los agentes que se niegan a ser parte de los abusos.

En una denuncia respaldada por más de 60 elementos y enviada al Órgano Interno de Control (OIC), cuya copia fue entregada a Reforma, los agentes revelaron que solo entre noviembre y diciembre del año pasado renunciaron o no se les renovó el contrato a 50 empleados por ese motivo.

“Ejerció una red de corrupción en las terminales 1 y 2, misma que afectó a muchos agentes que no querían entrar al negocio que tenía con el tráfico humano, cobrando mil dólares por persona. Los elementos que no aceptaban la propuesta no les renovaba el contrato, que es de tres meses, por pretextos absurdos, o los hostigaba hasta que renunciaban”, describe la denuncia presentada ante el OIC.

Benito Jiménez
Agencia Reforma