El delegado de Programas de Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, declaró que las personas que se oponen a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar pertenecen al régimen anterior.
Referente a la posibilidad de edificación en terrenos de la Secundaria General 2, en Pachuca, dijo que se respetará la decisión de la comunidad estudiantil; sin embargo, recalcó que el espacio que se será ocupado no es utilizado por los estudiantes.
Mendoza Zenteno detalló que el recurso para esta construcción en un inicio estaba destinado para Atotonilco de Tula, pero la donación del terreno por parte de un particular no se concretó debido a que pedían la condonación de “unos pagos”, motivo por el cual decidieron reubicarlo para la capital del estado donde se cuenta con el mayor número de los tarjetahabientes.
“Les solicitamos los predios a los municipios o gobierno del estado, o revisamos lugares de la federación donde podrían construirse, muchas de las escuelas en su momento se construyeron en espacios muy amplios”, declaró el titular de la delegación, pues asegura no buscan perjudicar a nadie.
Agregó que solicitaron llevar a cabo una valoración en un espacio en una esquina de la Secundaria General 2 de Pachuca, a nivel central de la Secretaría de Educación Pública Estatal, quienes les dieron las “facilidades” tras los que notificaron a la escuela.
“Reconocemos que puede haber personas a quienes no les agrada la política de este gobierno de México, porque hemos detectado que es grilla con los proyectos de la federación.
Galilea Monroy l Pachuca
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La Fiscalía Especializada para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Tortura en Hidalgo tiene un registro de mil 550 denuncias por ese delito, algunas de las cuales datan de hace más de 20 años, indicó el titular de la dependencia Javier Baños Morales.
El funcionario informó que, en lo que lleva en el cargo, mes y medio, aproximadamente se han iniciado 15 querellas, principalmente contra elementos de corporaciones policiacas, así como custodios de centros penitenciarios.
Estimó que de las carpetas de investigación registradas por del delito de tortura, 90 por ciento corresponde a personas que están ilocalizables, además de que en muchos de los casos proporcionan nombres falsos.
