El exalcalde de Tula devuelve 25 millones de pesos como parte de la Estafa Siniestra
El Gobierno de Hidalgo continúa la investigación de la Estafa Siniestra, el expresidente municipal de Tula de Allende, Manuel H.B., aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Como parte de un procedimiento abreviado, el exalcalde deberá devolver 25 millones de pesos como reparación del daño.
En una audiencia realizada el 29 de enero de 2025, el juez del Poder Judicial de Hidalgo dictó una sentencia de cuatro años de prisión y una multa equivalente a 200 días de salario mínimo. Esta resolución es un paso importante en el esfuerzo por recuperar los recursos públicos desviados en este esquema de corrupción.
Debido al trabajo de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), se ha logrado recuperar de la Estafa Siniestra, por lo menos, un avance de 104 millones 741 mil 991 pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Desde 2022, el Gobierno de Hidalgo inició una estrategia para desactivar este esquema de corrupción. Los primeros resultados incluyeron la vinculación a proceso de exalcaldes como F.J.R. (Huautla), E.S.S. (Yahualica) y L.E.C.G. (Nopala).
Asimismo, se ha perseguido judicialmente a directivos de organismos como CAASIM y la Secretaría de Educación.
En colaboración con la Unidad Especial para la Investigación del maxiproceso, las autoridades han ejecutado órdenes de aprehensión y asegurado bienes vinculados al desfalco.
La Estafa Siniestra es un caso de corrupción detectado en Hidalgo, que consistió en el desvío de recursos públicos mediante convenios y contratos irregulares entre el gobierno estatal, municipal y otros organismos. Estos recursos, destinados a obras y servicios esenciales, fueron desviados hacia fines ilícitos.
El esquema operaba principalmente a través de transferencias de recursos extraordinarios a los municipios, donde se asignaban a proyectos ficticios o con sobrecostos. Desde el inicio de las investigaciones, se han vinculado a proceso a 18 exfuncionarios públicos, incluidos exalcaldes y directivos de organismos estatales.
El dinero recuperado será destinado a obras públicas y programas sociales, como el apoyo a personas con discapacidad. Este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno de Hidalgo de combatir la corrupción y garantizar que los recursos regresen a la ciudadanía.
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