Manuel Hernández Badillo aceptó su responsabilidad por peculado y uso ilícito de atribuciones, evitando un juicio oral
En procedimiento abreviado, Manuel Hernández Badillo, exalcalde Tula de Allende, aceptó su responsabilidad por los hechos que se le imputaron por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en agosto de 2023, por lo que, después de ser sentenciado a cuatro años de prisión y haber pagado 25 millones de pesos como parte de la reparación del daño, quedó en libertad.
Ello, después de haber sido aprehendido hace casi año y medio por estar presuntamente implicado en el esquema de corrupción y desvío de recursos denominado Estafa Siniestra.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), este martes se llevó a cabo una audiencia en la que el exedil, fue sentenciado a cuatro años de prisión, pues, mediante procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad sobre los hechos que le imputó el Ministerio Público.
La procuraduría hidalguense explicó que la ley permite la conmutación de la pena, en el caso de que se dé cuatro años o menos, el exalcalde Manuel Hernández, obtuvo su libertad, en tanto el detrimento patrimonial que ocasionó fue subsanado.
Hernández Badillo fue aprehendido en agosto de 2023, después de que la PGJEH inició una carpeta de investigación por haber autorizado, en 2021, a nombre del ayuntamiento, la adjudicación directa de al menos tres contratos que en conjunto suman más de 60 millones de pesos.
El exalcalde de Tula de Allende, Manuel H. B., fue vinculado nuevamente a proceso por un juez de control por el delito de peculado, ya que se le acusa de firmar acuerdos por 62 millones de pesos durante 2021, gastos que no se pudieron comprobar.
El pasado 23 de noviembre de 2023 se llevó a cabo de manera privada, una audiencia inicial contra el exedil emanado del Partido de la Revolución Democrática, quien fue detenido y sujeto a proceso desde agosto del mismo año por el ilícito de uso indebido de atribuciones.

Sin embargo, Hernández Badillo fue vinculado a proceso por el delito de peculado, toda vez que no pudo comprobar el uso de 62 millones de pesos que otorgó en adjudicación directa a algunas empresas para adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios y fumigación para evitar la proliferación de la larva del mosco culex.
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