Evita ir a juicio exfuncionario estatal relacionado con la Estafa Siniestra: pagó 9 mdp
Víctor Eloy P.O. acuerda pagar más de 9 millones de pesos como reparación de daños para evitar juicio por peculado en el caso de la Estafa Siniestra
Víctor Eloy P.O. en audiencia: El exfuncionario aceptó el acuerdo reparatorio para evitar el juicio por la Estafa Siniestra
Víctor Eloy P.O., exdirector general de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor en la administración estatal pasada, logró evitar un juicio tras alcanzar un acuerdo de reparación del daño por el caso de la Estafa Siniestra. Este esquema de corrupción involucró el desvío de más de 18 millones de pesos, aunque el pago acordado para evitar el proceso judicial fue de 9 millones 324 mil pesos.
El juez de control aprobó el acuerdo este jueves, lo que permitió que el imputado quedara libre del arresto domiciliario al que estaba sometido desde su detención el 13 de junio de 2023 en la capital hidalguense. Además del pago, Víctor Eloy P.O. deberá ofrecer una disculpa pública y comprometerse a no repetir los actos ilícitos.
¿Qué fue la Estafa Siniestra?
La Estafa Siniestra se refiere a un esquema de corrupción que involucró a varios funcionarios de la pasada administración estatal. En este caso particular, el exfuncionario Víctor Eloy P.O. fue acusado de desviar 18 millones 284 mil 606 pesos del erario público. A pesar de la gravedad del delito, el pago de más de 9 millones de pesos fue suficiente para que el acusado evitara el juicio y la prisión, aunque la cantidad es solo una fracción del total desviado.
El esquema de corrupción destapado ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes ven este acuerdo como una medida insuficiente para reparar el daño causado al patrimonio del estado.
Como parte del acuerdo, además del pago, el exfuncionario Víctor Eloy P.O. deberá emitir una disculpa pública, donde reconozca los hechos y se comprometa a no repetir estas acciones en el futuro. Este tipo de acuerdos busca garantizar la reparación del daño sin necesidad de llevar a cabo largos y costosos procesos judiciales.
Sin embargo, la opinión pública ha cuestionado si estas medidas realmente contribuyen a la justicia, considerando que el pago acordado es significativamente menor al monto total del desvío y que el acusado no enfrentará sanciones penales más severas.
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