Aunque el pasado 1 de enero debía entrar en funciones la persona que encabezará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el Congreso del estado aún no define quién asumirá la titularidad, toda vez que el 22 de diciembre pasado el exprocurador del estado Javier Ramiro Lara Salinas se quedó a un voto de ser elegido como ombudsman.
No obstante, el dictamen con la terna fue regresado a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, aunque solo dos obtuvieron sufragios a favor.
El defensor de niñas, niños, adolescentes, mujeres y demás grupos vulnerables Rafael Castelán Martínez –quien logró 10 aprobaciones– propuso en su plan de trabajo poner en primer plano a los agraviados, al realizar posicionamientos públicos en casos de violaciones; atención integral a estas; integrar y dar seguimiento a los procesos, entre otros aspectos.
Lo anterior, ya que la actual administración recibió una recomendación por parte de su homóloga nacional (CNDH), por no realizar la investigación exhaustiva en un caso de discriminación hacia un niño con discapacidad por el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) en 2018; no expresó un posicionamiento ante los hechos de violencia ocurridos en enero de 2021 en la localidad Xiquila, Huejutla, donde hubo 15 heridos luego de un enfrentamiento con la Policía estatal, o la recomendación 25/2020, donde se solicitó a la CDHEH investigar presuntos actos de tortura.
Asimismo, busca que participen personas con perspectiva feminista, de género, infancias, juventudes, identidad diversa, interculturalidad, entre otras, toda vez que consideró que cada violación a derechos humanos debe investigarse y tratarse de forma diferente.
“La CDHEH no es una institución cercana a las personas; de mil 254 quejas iniciadas en 2020, 824 no fueron ratificadas, las víctimas desistieron, no tuvieron interés en continuar o no comprobaron la violación de los derechos humanos”, refirió.
Además, aseveró que darán seguimiento a las recomendaciones y buscarán que los procesos sean menos largos, ya que, en promedio, desde el inicio de una queja hasta que llega a resolución es de uno a tres años; por otra parte, impulsaría la emisión de medidas cautelares y la disculpa pública como parte fundamental de la justicia restaurativa, entre otras acciones.
Por su parte, el ombudsman interino, Ramiro Lara, dijo que una de las tareas importantes sería que la sociedad tenga confianza en la CDHEH y la visualice como un órgano independiente y autónomo, “puntualizando que la comisión es un espacio de integración y generador de soluciones sociales y no una alternativa de impunidad legal en favor de nadie”.
Pretende que la comisión pueda iniciar leyes y decretos, construir cinco visitadurías –como lo pretendía su antecesor, Alejandro Habib Nicolás–; fortalecer la cultura de mediación en la resolución de procedimientos de queja en los casos no graves y contar con visitadores capacitados y certificados en justicia restaurativa, mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Aunque, según la normativa vigente, la persona que encabece la CDHEH debía entrar en funciones ayer, en la última sesión del Congreso local —celebrada el 31 de diciembre, en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos 2022— no se subió el dictamen para designar a la nueva ombudsperson, por lo que dicho ente autónomo se encuentra acéfalo.
Adela Garmez
Pachuca
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