Luego de que se vinculara a proceso a Leonardo E.S., quien fuera director de reglamentos del gobierno municipal de Pachuca, encabezado por Yolanda Tellería Beltrán por el delito de negociaciones indebidas, el actual alcalde, Sergio Baños Rubio, admitió que también resultó defraudado por el acusado.

Lo anterior, ya que trascendió que entre las licencias de funcionamiento apócrifas que otorgó el exfuncionario municipal en 2019 se encontraban dos a nombre de Baños Rubio y su hermano, Ricardo.

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No obstante, el presidente municipal aclaró que dichos permisos no eran ilícitos, ya que los tenían desde hace casi 20 años y fue hasta que intentaron su renovación cuando Leonardo los modificó y fueron víctimas del delito.

Incluso, Sergio Baños lamentó que esas dos licencias tanto el cómo su hermano las perdieron al momento de que su propia administración se dio cuenta de la falta cometida por el imputado.

Por ello, al ser cuestionado por los medios, Baños Rubio aseveró que, en caso de que así sea requerido, acudirá a comparecer ante la justicia para evidenciar el fraude del que asegura fue víctima.

EL CASO

Leonardo E.S., quien fue director de reglamentos del municipio de 2016 a 2020, es acusado, al menos por 26 personas, de otorgar licencias de manera ilegal en 2019.

En entrevista con Criterio, Ricardo Rivera Barquín, secretario de Desarrollo Económico de la actual administración y a la que se le concedieron las facultades de otorgar las licencias de funcionamiento, detalló la situación.

De acuerdo con el actual funcionario municipal, a su entrada a la dependencia detectó la anomalía, ya que cuando varias personas acudieron a renovar sus permisos se detectó que el folio de los mismos era distinto al número otorgado durante el gobierno anterior.

Ello, pues, luego de varias investigaciones, se percataron que la administración pasada únicamente compró el serial del 1 a 6 mil, mientras que los permisos antes mencionados eran de 6 mil a 6 mil 300, por lo que no eran legales.

Aunado a ello, comentó que los permisos ilegales estaban hechos con el papel y todos los distintivos de un documento oficial y tenían la firma del ahora acusado, asimismo se dieron cuenta de que de esas licencias no se contaba con recibos de pago dentro de la administración pública.