El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación relacionada con un posible delito de canalización de dinero a la Casa Blanca a cambio de un indulto presidencial por parte de Donald Trump, según los registros judiciales revelados este martes en un tribunal federal.
La indagatoria podría significar un revés a la saliente administración del mandatario y se presentó en un momento en que ha aumentado la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue indultos a asesores que le han sido “leales” -como en el caso de Michael Flynn- y que han sido condenados por cargos penales federales.
Dicha información está contenida en un documento de 20 páginas, parcialmente redactado, que el Tribunal de Distrito de DC hizo público la tarde de hoy. El registro mostró la revisión que el juez Beryl Howell realizó en agosto en torno a una solicitud de los fiscales para acceder a los archivos obtenidos sobre pesquisas de supuestos sobornos por indultos.
No obstante, el documento no cuenta con un cronograma sobre el presunto plan. Tampoco tiene apuntados los nombres de las personas potencialmente involucradas. Además, hasta el momento, nadie ha sido públicamente acusado por un delito relacionado con esta investigación.
A finales de este verano, un equipo de filtrado, utilizado para asegurarse de que los fiscales no recibieran evidencia corrupta que debería haberse ocultado por su carácter de información privilegiada, se hizo con más de 50 dispositivos digitales -incluidos iPhones, iPads, computadoras portátiles, memorias USB y unidades de computadora- tras el allanamiento de unas oficinas no identificadas.
Los fiscales pidieron autorización a un tribunal para tener acceso al referido equipo de filtrado. Posteriormente, sostuvieron que los dispositivos supuestamente contenían correos electrónicos que revelaron aparentes actividades delictivas, como un “plan de cabildeo secreto” y datos sobre una posible conspiración de soborno que ofrecía “una contribución política sustancia a cambio de un indulto presidencial o una suspensión de sentencia”.
Pese a que las comunicaciones entre abogados y representados suelen ser privilegiadas y se mantienen herméticas a la intervención de los fiscales, Howell permitió el acceso en esta ocasión bajo el argumento deque, cuando se trata de un potencial delito, los intercambios entre abogados y clientes pueden dejar de estar protegidos por la ley.
“La estrategia política para obtener un indulto presidencial fue ‘paralela’ y distinta del papel de (redactado el nombre) como abogado defensor de (redactado el nombre)”, escribió Howell en su orden judicial. Los nombres de los posibles implicados no deben difundirse en medio de una investigación.
Finalmente, se encontró que la indagatoria podría relacionarse también con personas anónimas que habrían actuado como “cabilderos de altos funcionarios de la Casa Blanca”, que habrían enviado sobornos, en el marco de un aparente esquema de condicionamiento de indultos.
Daniel Lara
Agencia Reforma
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