Rosario Robles busca el amparo y protección de la justicia contra la orden de aprehensión librada en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso de la Estafa Maestra en que le imputan blanquear en “factureras” más de 77 millones de pesos desviados de la Sedesol.
La ex titular de la Sedatu y la Sedesol tramitó una demanda de garantías ante Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo de esta ciudad, contra esta orden de captura girada en su contra desde octubre de 2020 y que a la fecha no le ha sido cumplimentada.
Si bien el juzgador le concedió la suspensión definitiva, dicha medida precautoria no impide que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ejecutarle la aprehensión en el penal de Santa Martha Acatitla, ya que las órdenes de captura por delitos con prisión preventiva oficiosa no pueden ser suspendidas en su cumplimentación.
“Para el caso de que los hechos delictuosos que se atribuyan a la quejosa correspondan a delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa referidos…, la suspensión sólo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar en que se le recluya, y a disposición de la autoridad respectiva para la continuación del procedimiento”, aclaró el juez desde que concedió la suspensión provisional.
Este amparo lo promovió Robles desde el 31 de enero pasado y consiguió la suspensión definitiva desde el 8 de marzo.
La FGR no promovió la revisión de esa medida precautoria y Robles amplió la demanda de amparo el 16 de junio pasado.
La ex Secretaria de Estado está a la espera de que se celebre la audiencia constitucional el próximo 17 de agosto, diligencia que constituye el último requisito que marca la norma, para que el juez en la materia pueda dictar la sentencia en el amparo.
A fines de octubre de 2020 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, libró esta orden de aprehensión contra Robles y otros 10 ex funcionarios de la Sedesol y de la Universidad Autónoma de Morelos y “factureros”.
La imputación trata sobre el destino que le dieron a los 77 millones 847 mil 14.40 pesos que recibió la Universidad de la Sedesol, en un convenio del 1 de septiembre de 2014 para levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.
La FGR afirma que se trata de un desvío porque de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, solo se levantó un millón 48 mil 575 encuestas, el 15.6 por ciento, y nunca se probó que se practicaran las restantes.
En el caso del lavado, la Fiscalía señala que la Universidad de Morelos subcontrató a Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., pero ésta trianguló 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones, S.A. de C.V..
Una parte del dinero también se transfirió a Inmobiliaria Feyray, que en 2017 apareció en la lista de “factureras” que publica la Secretaría de Hacienda.
Por ahora, la FGR ha capturado a 4 de los 11 imputados. Se trata de Luis Antonino Valenciano Zapata, representante legal de la Inmobiliaria Feyray, y Esteban Cervantes Rodríguez, socio y administrador único de Esger Servicios y Construcciones.
También, a María de la Luz Vargas Vargas, directora General Adjunta de Integración de Padrones, a José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, ambos de la Sedesol.
Robles está presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Hasta ahora, la FGR no le ha querido ejecutar la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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