Después de que el viernes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación dirigida a diversas dependencias del gabinete estatal, a efecto de que los Centros de Reinserción Social (Cereso) cuenten con mejores condiciones, el gobernador Julio Menchaca Salazar afirmó que aceptará esta resolución, pues dijo ser un “convencido de las garantías individuales”.
Entrevistado después de encabezar el evento denominado Desmitificando espacios, el mandatario explicó que dichas penitenciarías registran un atraso “de muchos años de descuido”, de modo tal que se requiere una inversión millonaria.
En ese sentido y con respecto a la posibilidad de crear nuevos centros de internamiento, Menchaca Salazar manifestó que se ha pensado en contar con nuevos espacios de esta naturaleza; sin embargo, admitió que los recursos son limitados.
Recordó que el gobierno de Hidalgo cuenta con un predio en Apan y un espacio en Pachuca.
Asimismo, rememoró que existe un presupuesto aprobado por diputados del Congreso local, por lo que asintió que se tiene que realizar un ejercicio de economías para que, en la medida de lo posible, se puedan atender las recomendaciones emitidas por la CDHEH “a la brevedad”.
Respecto al combate del autogobierno en algunos penales, como lo documentó el organismo público autónomo, Menchaca Salazar planteó que se cuenta con el apoyo de la subsecretaría de Reinserción Social, dependiente a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
Yuvenil Torres | Pachuca
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La Fiscalía Especializada para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Tortura en Hidalgo tiene un registro de mil 550 denuncias por ese delito, algunas de las cuales datan de hace más de 20 años, indicó el titular de la dependencia Javier Baños Morales.
El funcionario informó que, en lo que lleva en el cargo, mes y medio, aproximadamente se han iniciado 15 querellas, principalmente contra elementos de corporaciones policiacas, así como custodios de centros penitenciarios.
Estimó que de las carpetas de investigación registradas por del delito de tortura, 90 por ciento corresponde a personas que están ilocalizables, además de que en muchos de los casos proporcionan nombres falsos.
