¿Qué pasa en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo?

En noviembre de 2022, este medio de comunicación publicó un reportaje de investigación sobre las muertes en las galeras de Hidalgo, titulado Morir en Barandillas.

Durante la realización del mismo, tuve la oportunidad de entrevistar a la entonces novel y recién nombrada Ana Karen Parra Bonilla, quien tenía apenas escasos tres meses como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Te puede interesar: Comenzó la reestructura del Tuzobús… ¿cuento chino?

En el acto, percibí entusiasmo por ejercer la labor de defensoría de las garantías individuales, sus respuestas a mis preguntas eran directas, certeras y en verdad parecía que tenía trazado un plan a ejecutar al frente de tan importante organismo autónomo.

Hay que recordar que Parra Bonilla fue designada de una terna por el Congreso de Hidalgo, el 29 de julio de 2022. En su momento, hubo júbilo porque se supone que por primera vez emanaba una ombudsperson desde la sociedad civil. Incluso era la segunda vez que en Hidalgo una mujer estaba al frente de la CDHEH, pues nadie del género femenino había ocupado el cargo desde 1993, cuando lo dejó vacante Estela Rojas Vigueras, quien fuera la primera ombudsperson de Hidalgo tras la creación del organismo autónomo en 1992.

Traía una carga pesada, corregir el andar de sus antecesores, Alejandro Habib Nicolás y Raúl Arroyo González, quienes dejaron alto nivel de rezago en recomendaciones y otros temas, además de que, casualmente, fueron designados como titulares de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, quizá para encubrir los señalamientos de tortura que recibió uno de ellos tras dejar el cargo de protector de los derechos humanos.

Durante la entrevista para Morir en Barandillas, Parra Bonilla reconoció que había muchas deficiencias y que, incluso, en Hidalgo se llegaron a violar los derechos humanos de algunos detenidos. Acto seguido, en enero de 2023, emitió una recomendación general a los 84 municipios de Hidalgo para hacerles ver que debían modificar tanto sus procesos como los espacios en donde se resguarda a las personas que infringen los reglamentos municipales y deben pasar algunas horas en detención, es decir los reglamentos, si los hubiera, y las propias barandillas.

Incluso, se llegó a actualizar el Diagnóstico Penitenciario y de Barandillas, que tenía unos dos años de no llevarse a cabo. Se exigió también una disculpa pública de algunos ayuntamientos por la muerte de personas en retención…

Pero todo ese ánimo y ese júbilo de quien entra a un nuevo trabajo se vino abajo con las declaraciones de activistas, pertenecientes a la sociedad civil organizada, quienes acusaron a Ana Karen Parra Bonilla de revictimización e incluso de no cumplir su promesa de reducir su salario, como afirmó que lo haría, el 29 de julio de 2022, cuando tomó posesión al cargo.

Ayer, Criterio publicó una pieza escrita por la reportera Carmen Hernández, quien, a tres años de la toma de protesta de Parra Bonilla, volvió a traer el tema en la agenda pública: la ombudswoman de Hidalgo no solo incumplió su promesa de bajarse el sueldo —algo de lo que dijo que “no solo es un mero trámite administrativo”—, sino que ha cobrado, desde que asumió el puesto, alrededor de 2.8 millones de pesos por conceptos de salario, prima vacacional y aguinaldo, hasta junio pasado.

Son casi tres millones de pesos devengados por una persona que huye de la prensa cada que puede, como quedó demostrado durante su primer informe ante el Congreso local, en 2023 —por cierto, qué ironía que corra de los reporteros, una violación al derecho humano del acceso a la información—.

Son casi tres millones de pesos devengados por una persona que quedó en ridículo a nivel nacional luego de que se hiciera viral una nota sobre su actuar y percepción sobre los migrantes. Hay que recordar que, en febrero pasado, desde el Centro Cultural del Ferrocarril, Parra Bonilla convocó a diputados y otras personas a meterse en una casa de campaña y ponerse unos zapatos gigantes para “vivir la experiencia” por la que pasan quienes deciden migrar a otro país ante la falta de oportunidades en el nuestro.

Son casi tres millones de pesos devengados por una persona cuya destitución ha sido exigida por organizaciones de la sociedad civil ante lo que ellos denominan falta de resultados.

Así pues, esa apertura que mostró con la prensa al inicio de su gestión, quedó en el olvido. Parece ser que la ombudsperson cambió de skin, como dice ahora la chaviza, y se convirtió en una diva del espectáculo que rehúye de los reporteros. Bien dice el dicho que el que nada debe nada teme.

¿Qué está pasando en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo? ¿Por qué actúa de tal manera su titular? ¿Cómo va a dar la cara a las personas que exigen su destitución? Y, sobre todo, ¿por qué no ha cumplido la promesa de reducir sus percepciones? No cabe duda que el poder cambia a las personas.

SU CINTO: Rafael Castelán, también emanado de la sociedad civil organizada, y Ramiro Lara Salinas, otrora visitador general de la CDHEH, aspiraban en 2022, junto con Parra Bonilla, a presidir la CDHEH. ¿Qué hubiera pasado con el otrora director de Seiinac al frente del organismo autónomo? ¿Qué hubiera pasado con Ramiro refrendando el cargo? ¿Qué pasaría si Parra Bonilla se bajara el sueldo? Nadie lo sabrá, porque solo son supuestos, y el hubiera no existe.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y recibe las noticias en tiempo real https://bit.ly/3S0OztH