Ha sido tema de amplia discusión que ante la llegada del presidente Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos (EU) nos encontramos viviendo, una vez más, una crisis migratoria; una vez más, porque esta no ha sido la primera vez, podría decirse que la problemática de personas indocumentadas que crucen a los Estados Unidos ha sido permanente desde que la migración masiva se presentó particularmente después de las guerras mundiales.

Ha sido tema de amplia discusión que ante la llegada del presidente Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos (EU) nos encontramos viviendo, una vez más, una crisis migratoria; una vez más, porque esta no ha sido la primera vez, podría decirse que la problemática de personas indocumentadas que crucen a los Estados Unidos ha sido permanente desde que la migración masiva se presentó particularmente después de las guerras mundiales.
Sin embargo, debido a las características particulares de la personalidad y forma de gobernar del presidente Trump, nos encontramos ante un panorama que califica a la actual crisis migratoria como sin precedentes con las correspondientes consecuencias para nuestro país.
De acuerdo con un estudio publicado por The Washington Post, de los migrantes que están sin papeles en EU el 40 por ciento tiene algún tipo de permiso temporal —estatus temporal per se, Programa DAKA, solicitantes de asilo, refugiados—; 60 por ciento son ilegales, de ellos cuatro millones son mexicanos. Cabe destacar que hubo épocas con un mayor número de personas mexicanas ilegales en Estados Unidos como en 2007, cuando había 6.9 millones. La tendencia ha ido a la baja.
En esta segunda presidencia de Donald Trump su política migratoria se ha endurecido y para muestra la promulgación de la Ley Laken Riley, nombrada así en alusión a Laken Riley, una estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante venezolano indocumentado que había sido detenido y puesto en libertad en diferentes ocasiones. El simbolismo es bien aprovechado para llegar a la ciudadanía estadunidense que se identificó sensiblemente con ese homicidio.
La Ley Laken Riley amplía la lista de actos criminales que desencadenan la detención obligatoria de un extranjero ilegal, incluyendo la adición de delitos como el robo, hurto, hurto mayor, hurto en tiendas o agresión a un agente de la ley, o cualquier delito que resulte en la muerte o lesiones corporales graves a otra persona. Además, otorga más poder a los estados para aplicar la Ley de Migración.
Al respecto, incluso en Estados Unidos hay voces críticas que reconocen que la ley podría provocar la detención de inmigrantes sin el debido proceso. Que permitiría detener y deportar a personas únicamente con una acusación, sin derecho a juicio, violando derechos civiles.
Por otro lado, el que los estados tengan mayores atribuciones para aplicar la Ley Migratoria está provocando que se estén tomando medidas migratorias extremas como la autorización para detener a personas en lugares en donde no se llevaban a cabo, que se ofrezcan recompensas para las personas que denuncien a personas inmigrantes ilegales, solicitar estatus migratorio en las escuelas, y otros por el estilo.
En este contexto, han iniciado las redadas que van por migrantes no solo en las calles, sino también a sus casas, a sus centros de trabajo, a las escuelas, a las iglesias, para deportarlos. Las redadas y la propaganda gubernamental están enfocadas en crear pánico, y lo han conseguido toda vez que las personas con estatus migratorio irregular no quieren salir de sus casas o ir a trabajar o ir a la escuela por miedo a ser detenidos.
En esta política no hay reconocimiento a la existencia de familias binacionales, las familias están muy mezcladas y puede ser que en una misma haya miembros con ciudadanía, otros con residencias temporales y otros sin documentos; todo esto también está afectando a ciudadanos estadunidenses. La dinámica social está siendo trastocada generando no solo preocupación e incertidumbre, sino también mucho miedo y angustia.
Esta condición está agravada por el tono de los mensajes del presidente y de la mayor parte de su gabinete, quienes han criminalizado a las personas migrantes, y esta postura está permeando en la sociedad estadunidense que ya de por sí tenía una alta propensión al racismo y discriminación y que ahora se sienten autorizados a mostrarlo y actuar en consecuencia.
El discurso de odio es definido como “cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, —o también comportamiento—, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad” (ONU).
El lenguaje extremadamente racista y xenófobo —que expresa fobia a lo extranjero o a los extranjeros—, multiplicado por el uso de redes sociales, hace aparecer al migrante como el enemigo, el delincuente.
Esta condición es muy preocupante y es un hecho que se han incrementado las interpelaciones a migrantes por estadunidenses agresivos, vociferándoles y descalificándoles e incluso violentándoles.
El discurso de odio que viene ni más ni menos que del propio presidente de la nación no solo fractura a la sociedad estadunidense, sino que puede generar un incremento incluso en los crímenes de odio que no en pocas ocasiones han tenido lugar, considerando, además, que la estadunidense es una sociedad armada.
Y ahí cabe la pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros ante los extranjeros inmigrantes que llegan a nuestro país, inicialmente de paso a su destino que pretendía ser Estados Unidos y que han quedado varados por las nuevas disposiciones migratorias? Además de ante los extranjeros que sean deportados a nuestro país, en lugar de su país de origen.
La posibilidad de reaccionar con conductas discriminatorias y xenófobas nos pone en la misma condición de lo que descalificamos y criticamos airadamente exigiendo un trato humanitario, con respeto a la dignidad y los derechos humanos de los nuestros e incapaces de ser congruentes ante los inmigrantes en nuestro país.
No sabemos si eventualmente las amenazas de deportación masiva de connacionales se llevarán a cabo en la magnitud pretendida o si resulta ser solo una estrategia disuasoria, tanto para que no más personas intenten cruzar como para que muchos de quienes están allá quieran regresar voluntariamente. Lo que es un hecho es que, derivado del discurso de odio, se está dando una persecución civil en Estados Unidos en contra de nuestros compatriotas, con expresiones de exclusión, discriminación, ataques que pueden escalar a niveles violentos y muy violentos.
Veremos si ese discurso de odio se extiende, contradictoriamente, hacia nuestro propio territorio en contra de los inmigrantes extranjeros en México.