El multihomicidio de Azoyatla, la indignación
Ampliamente comentado y causante de una indignación generalizada que trascendió lo local, abarcando cobertura nacional, el terrible caso de Rosaura.
Ampliamente comentado y causante de una indignación generalizada que trascendió lo local, abarcando cobertura nacional, el terrible caso de Rosaura.
El pasado miércoles 5 de febrero amanecimos con la noticia de un multihomicidio acontecido en Azoyatla, comunidad de Mineral de la Reforma. Un sujeto, expolicía del ayuntamiento y actualmente miembro de la Policía Industrial Bancaria, irrumpe en el domicilio de su expareja sentimental y la asesina junto a tres integrantes de su familia.
De acuerdo con la información que ha sido publicada, el señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público el 13 de octubre de 2024 bajo los cargos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de Rosaura, su expareja sentimental.
El 15 de octubre ingresó al Cereso de Pachuca y el 21 del mismo mes se le vinculó a proceso. Un mes después fue puesto en libertad condicionada a medidas cautelares en la figura de orden de restricción, es decir, la prohibición para el agresor de acercase a la víctima.
Debió considerarse también la canalización de Rosaura a un albergue temporal para garantizar su seguridad y la de su hija. Me refiero al Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia que es un espacio seguro donde se les ofrece atención integral y profesional.
El 5 de febrero no solo ella, sino tres integrantes más de su familia fueron víctimas de este sujeto que dejó a una persona más lesionada, toda esta masacre ante los ojos de una menor que es condenada a sufrir estas terribles pérdidas y el trauma con sus consecuencias emocionales y psicológicas.
La reacción social de indignación es auténtica.
En muchas ocasiones hemos escuchado posturas que señalan los casos de mujeres que siendo víctimas de violencia familiar en cualquiera de sus formas aguantan calladamente. Se les conmina a denunciar a sus agresores. Y sí, por supuesto, la denuncia es importante, lo mismo que procurar una red de apoyo. Sin embargo, ¿de qué sirve denunciar si se enfrenta violencia institucional, revictimización, omisiones, faltas al debido proceso que derivan en injusticias e impunidad?
Rosaura denunció, declaró ante la autoridad que temía por su vida. Sabiendo que le habían otorgado medidas cautelares para su protección, buscó desesperadamente ayuda a través de la línea telefónica que le proveyeron para los efectos, llamadas que nunca fueron contestadas, de acuerdo al testimonio de la amiga que la acompañaba en esta crisis y que presenció los hechos.
En este caso específico ¿qué falló? De acuerdo con profesionales del derecho y con base en lo que se ha hecho público, la responsabilidad recae en la persona del Ministerio Público y en la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. El primero, por supuestamente no haber pedido la vinculación a proceso, y la segunda, por no haber verificado las medidas cautelares impuestas. Sin embargo, otras versiones detallan que el MP sí se opuso a la determinación de la persona juzgadora.
En resumen, las instituciones le fallaron a Rosaura y a su familia. A pesar de haber seguido la ruta jurídica, no contó con la protección de la justicia. Las leyes en la materia detallan los mecanismos establecidos que inician con la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Jurídicamente esa es la vía, ninguna ley dice que las víctimas deban presentar sus casos en un foro público para acceder a la justicia.
Lo anterior resuena ante el dicho del secretario de Gobierno de nuestro estado, quien en el marco de la denominada Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo expresó: “Pregunté (…) si esta persona (Rosaura) había acudido con nosotros en la primera mesa en donde escuchamos a todas aquellas personas que sufrían de violencia. Desgraciadamente no vino, no vino a exponer su caso, quizás debimos haber hecho algo más, mucho más, pero no tuvimos la oportunidad de escucharla”. ¿Qué opinión le merece?
Vuelvo a traer a la discusión lo ya planteado en una colaboración anterior, lo que se necesita es propiciar la coordinación y comunicación entre las dependencias, evitando que las mujeres víctimas vayan de dependencia en dependencia, empleando recursos y esfuerzos y en muchas ocasiones viéndose en la necesidad de plantear una y otra vez sus casos, exponiéndolas a la revictimización.
O como en el caso de Rosaura, donde no se tomaron las medidas necesarias para proteger su vida y surgen los señalamientos de las instancias responsables de las omisiones.
Si en verdad buscamos mejorar las relaciones interinstitucionales con coordinación y comunicación para evitar la revictimización o violencia institucional hacia las víctimas y sus familias, y que esta sea garantía para todas ellas, no solo para las pocas que pueden presentarse a las Jornadas Públicas de la Paz, se vuelve imprescindible que nuestro gobierno estatal proceda a la operacionalización de la Ruta de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, mandatada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de garantizar la atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia de género, que disminuyan el impacto de la violencia, brinden protección, contribuyan a la superación de las secuelas de los hechos victimizantes e incluyan estrategias eficaces de rehabilitación.
La garantía de debido proceso y justicia debe ser para todas las víctimas, las Jornadas para la Paz son bienvenidas, pero no pueden sustituir la coordinación y la comunicación de todos los días que debe caracterizar el ejercicio de gobierno.
