Personajes hidalguenses tiemblan porque están embarrados con caso de contratos amañados de García Luna
Muy cerca de que les echen el guante a Eugenio Imaz Gispert, Damián Canales Mena, Alberto Rodríguez Calderón y Miguel Ángel Osorio Chong, todo es cuestión de tiempo, de ese que se tardan en los juicios, para que les llegue la soga al cuello a estos personajes, algunos hidalguenses y otros beneficiados con encargos locales…
Muy cerca de que les echen el guante a Eugenio Imaz Gispert, Damián Canales Mena, Alberto Rodríguez Calderón y Miguel Ángel Osorio Chong, todo es cuestión de tiempo, de ese que se tardan en los juicios, para que les llegue la soga al cuello a estos personajes, algunos hidalguenses y otros beneficiados con encargos locales, que solo estuvieron de paso en Hidalgo en la estructura del gobierno estatal durante la administración de Jesús Murillo Karam y Osorio Chong.
Todo como consecuencia de que están embarrados hasta las orejas, es una forma de decir, pero con mucha solidez jurídica para responsabilizarlos en desvíos de varios millones de dólares en contratos oscuros durante la administración federal del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se benefició directamente Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a más de 38 años de cárcel por su liga con cárteles del crimen organizado.
Recordemos que reciente fue dictada una sentencia en Miami, EU, donde Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron obligados a pagar al gobierno de México una suma de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, que representa tres veces el monto descubierto, pero como se manifestaron en rebeldía jurídica al no presentarse a las audiencias, la jueza resolvió dictar esa cantidad a pagar a la pareja mexicana. Esto por los contratos considerados como un esquema de defraudación, el cual operó durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Quedó acreditado que entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) otorgaron 30 contratos a García Luna y su esposa, por un monto estimado de 625 millones 188 mil 677 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.
Los contratos amañados y oscuros se formalizaron con varias empresas fundadas, algunas en Estados Unidos y otras nacionales como NUNVAV Inc, con contratos que ascienden los 347 millones de dólares, relacionados con el OADPRS, Cisen y la Policía Federal; NUNVAV Technologies Inc, utilizada para formalizar contratos con el Cisen por más de 208 millones de dólares; Nice Systems Ltd, vinculada con servicios tecnológicos de la Policía Federal, con contratos por más de 69 millones de dólares, y la distribuidora GLAC, con contratos que ascienden a los 26 millones de pesos, asociada con la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México.
Hay algunas otras que se usaron en la trama de lavado posterior; esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban. Parte de ese dinero, se asegura, fue a parar a campañas políticas de aquel tiempo. Todo lo comprobarán en su momento procesal. Se presume, pero hay solidez en asegurar, que los contratos fueron adjudicados a empresas vinculadas a García Luna, a través de intermediarios o de empresas donde él y su esposa eran socios. Fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados.
El juicio que inició el gobierno de México en Miami, Florida, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha dado varios giros hasta que concluyó con esta sentencia, que es cierto que podrá tener su margen de apelación de los indiciados, pero todo apunta que poco podrán conseguir. Lo cierto es que, dentro de este juicio tardado por varios años, por investigaciones a fondo, hay declaraciones clave de los hermanos Samuel Weinberg, y su hijo Alexis, empresarios y socios de García Luna, quienes se convirtieron en testigos protegidos de Estados Unidos y presentaron evidencias de los contratos, con detalles de documentos adicionales, pero también de personajes involucrados.
Los personajes que aparecen en este expediente para ser investigados en Estados Unidos y como consecuencia en los juicios abiertos en México aparecen los nombres y evidencias sólidas de su participación de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, donde no solo permitió y encubrió estos contratos, sino que también recibió varios millones de dólares para su bolsillo a través de testaferros. Eugenio Imaz Gispert, titular del Cisen, actualmente Centro Nacional de Inteligencia, que responsabilizan de contratos amañados por más de 256 millones de dólares.
Cinco contratos con la Policía Federal entre febrero de 2009 y mayo de 2012, por un monto de 60 millones 312 mil dólares. Un contrato con la Procuraduría General de la República por 214 mil dólares.
Todo, dijeron los Weinberg, a cambio de la obtención de beneficios personales para los servidores públicos involucrados. Revelan datos certeros como que, de mayo a noviembre de 2016, “hicimos pagos por 19 millones 843 mil 950 dólares disfrazados de ‘contribuciones políticas’ a la organización Peña Nieto/Osorio Chong y su partido político, por medio de pagos hechos desde Barbados a varias empresas”.
Aparecen pruebas de los sobornos a cambio de las adjudicaciones de contratos que tienen que ver con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, los excomisionados del organismo Eduardo Enrique Gómez y Eduardo Guerrero Durán, y Paulo Uribe, que fue director administrativo de los penales federales y parte del círculo íntimo de Osorio Chong.
La corrupción en los penales fue amplia y el titular de entonces era Alberto Rodríguez Calderón, quien fue procurador de Justicia de Hidalgo y cercano a Osorio Chong, la investigación que se realiza actualmente lo señala de desvíos en las concesiones de construcción de penales y de los servicios como alimentación de reos, por varios millones de dólares.
Otro más que aparece vinculado al caso Weinberg en Miami es Damián Canales, excomisionado de la Policía Federal, que adquirió un sistema de explotación de información de inteligencia en 2015, por el que se pagaron 133 millones de dólares, y que tiene una causa abierta en la Fiscalía General de la República. Ese sistema lo produce la empresa israelí Rafael, vinculada al Ejército de ese país, cuyo proveedor en México son los Weinberg. Recordemos que Damián Canales fue secretario de Seguridad Pública de Hidalgo con Osorio Chong y quien le declaró la guerra al titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González, porque lo denunciaba de sus tropelías y le dictaba recomendaciones incómodas. Cuentan que hasta lo amenazó de muerte, pero Raúl se supo defender y abrió un programa de radio en 98.1 de FM, donde denunciaría, en vivo, en caso de que hiciera falta, las amenazas. Damián fue advertido por el propio Osorio Chong y todo se calmó. Ya le llegó su fiestecita al susodicho Damián.
EN CORTO…
Que varios jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, que participaron como candidatos este domingo pasado en la elección del Poder Judicial Federal, quisieron engañar al votante haciéndose pasar como preferidos del Poder Ejecutivo, es decir, Claudia Sheinbaum, pero fueron descubiertos a tiempo y poco apoyo consiguieron en votos, precisamente porque ya los conocen en sus mañas al momento de dictar sentencias. Puro truco. No se quiere a los Barrones ni nada por el estilo, quienes tienen fama de vendidos al mejor postor. Ejercicio que debe anotar el Ejecutivo estatal y no meter las manos, pues las huellas serán descubiertas en siguientes votaciones de 2027.
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