Medio ambiente
El año 2024 cierra con un profundo rezago en la atención a los problemas ambientales de nuestra entidad. Este rezago, debemos reconocer, es histórico, pero no puede ni debe ser utilizado como excusa para justificar la inacción que caracteriza al sector. El deterioro ambiental no espera, y cada día de omisión agrava la crisis.
El año 2024 cierra con un profundo rezago en la atención a los problemas ambientales de nuestra entidad. Este rezago, debemos reconocer, es histórico, pero no puede ni debe ser utilizado como excusa para justificar la inacción que caracteriza al sector. El deterioro ambiental no espera, y cada día de omisión agrava la crisis.
Los grandes desafíos ambientales de Hidalgo han estado ahí, ignorados por años, frente a un sector que ha sido desmantelado tanto financiera como jurídicamente. La reforma a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un ejemplo doloroso de este retroceso. Este instrumento, que durante décadas permitió evaluar los impactos negativos de proyectos y establecer medidas de mitigación, fue modificado para acelerar proyectos del Ejecutivo Federal. Con ello, se destruyó un mecanismo que, desde 1977, había servido como candado para proteger el medio ambiente frente a obras públicas.
El abandono es evidente. Hidalgo pierde bosques y recursos naturales a un ritmo alarmante, devastados de manera desordenada y agresiva. Mientras tanto, el avance de las obras públicas, las inversiones privadas y las actividades criminales contribuyen a un panorama desolador. La tala clandestina y los asentamientos humanos irregulares arrasan indiscriminadamente los recursos naturales. El robo de combustible mediante tomas clandestinas genera derrames e incendios que contaminan grandes áreas de la entidad. La contaminación del suelo por hidrocarburos amenaza nuestros pozos, mantos acuíferos y cuerpos de agua. Y las actividades de la minería no solo extraen recursos: destruyen y contaminan, dejando cicatrices irreparables en el paisaje de Hidalgo.
El caso de la región de Tula ilustra perfectamente la indiferencia de las autoridades. Aquí, los impactos negativos no solo se acumulan en el aire, el suelo y el agua, sino que también se ven agravados por promesas vacías de restauración y proyectos de economía circular que nunca se materializan. El río Tula, un símbolo de esta crisis, continúa deteriorándose. Más de mil 200 árboles fueron talados por la Conagua, reduciendo servicios ambientales esenciales como la regulación climática y la captura de carbono. Mientras tanto, las emisiones de dióxido de azufre y partículas contaminantes menores a 2.5 micras, provenientes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, siguen poniendo en grave riesgo la salud de miles de personas.
Es imperativo recalcar que cumplir con normas oficiales no es suficiente cuando el contexto ambiental exige un compromiso ético. Las empresas en los corredores industriales de Hidalgo deben ir más allá de cumplir con mínimos legales. Es momento de exigir normas emergentes diseñadas específicamente para esta región, donde los impactos ambientales requieren soluciones inmediatas y efectivas.
La inversión es necesaria, pero el verdadero motor del cambio será el compromiso. No podemos permitir que la negligencia y la indiferencia sigan siendo la norma. La autoridad ambiental de Hidalgo debe usar herramientas como el decreto de la zona de restauración para generar un cambio real, tangible y profundo.
La Huasteca, con sus 13 municipios enfrentando pobreza, pérdida de biodiversidad y ríos en deterioro, también necesita un cambio radical en la manera en que se abordan sus problemas. No se trata solo de escuchar a las comunidades, sino de integrarlas activamente en la construcción de soluciones. Sus conocimientos, saberes y habilidades son clave para enfrentar las crisis ambientales de manera efectiva.
En la selva media y baja de Hidalgo, un ecosistema crucial para la adaptación y mitigación del cambio climático, la ausencia de un plan de restauración es un pecado ambiental. Ignorar esta región, posiblemente debido a intereses como los de la Minera Autlán, es un acto de complicidad que el gobierno debe corregir de inmediato.
El rezago ambiental es innegable. No se puede maquillar la realidad cuando los cerros desnudos y los ríos contaminados son testigos de nuestra incapacidad colectiva para actuar. Un Hidalgo sostenible, poderoso y ambientalmente equilibrado aún es posible, pero solo si tomamos medidas ahora.
HEBRAS:
Las inversiones federales que se anuncian para Hidalgo son, en su mayoría, un espejismo. Los más de 50 mil millones de pesos destinados a la perforación de 120 pozos no beneficiarán a Hidalgo, sino a la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este tipo de decisiones no solo ignoran nuestras necesidades, sino que perpetúan la desigualdad y el rezago en nuestra tierra.
