Las auditorías no espantan a nadie, porque todo es negociable

Un auténtico cochinero se ha convertido el acto de auditar en Hidalgo y en el resto del país, debido a que no existe legislación ni normatividad que obligue a la Auditoría Superior de la Federación, como tampoco a las propias de los estados de la República, a cerrar instrucciones o delimitar plazos para su conclusión, por lo que muchas de estas permanecen inconclusas por varios años hasta que fenecen por caducidad.

Incluso, en el colmo del cinismo, existen casos documentados en donde el propio titular de estas instancias, llámense federales o locales, son autores de actos de corrupción, de los mismos que ellos combaten por obligación de ley, pero que se colocan del otro lado porque reciben grandes cantidades de dinero, sin que nadie los vigile, sin que nadie los encare, pasando, según ellos, por desapercibidos y poniendo su carita de buenos, que no lo son. Las auditorías ya no espantan a nadie, como antes se ponía a temblar más de uno.

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Ahí tenemos a Armando Roldán Pimentel, el poderoso auditor estatal de la ASEH de la administración gubernamental anterior, quien cometió una falta administrativa grave por ocultar un conflicto de interés y su patrimonio para hacer negocio con la administración estatal al rentarle un edificio ubicado en Zona Plateada por la cantidad de 242 mil pesos mensuales, para los servicios de la Contraloría estatal, mismo que fue pillado y obligado a resarcir el daño.

Tuvo que firmar un convenio en donde facilitará, a cambio de no ir a la cárcel, de este edificio de la zona más costosa de Pachuca, para que ahora sea utilizado por la Secretaría de Turismo estatal, por el resto del tiempo que dure la administración sin costo, es decir casi 17 millones de pesos como pago de compensación.

El 27 de agosto de 2024, la Contraloría publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) la circular que informa de la suspensión por cinco años para que Roldán Pimentel pueda ofrecer servicios como proveedor, por lo que dependencias, entes y municipios deben abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público con este personaje mañoso.

Parece corto el castigo para un personaje que se dio el lujo de burlar la ley, cuando fue contratado para un encargo en donde, precisamente, su fuerte es observar las irregularidades de los demás, su único trabajo era auditar y corregir a tiempo cualquier intento de desvío de dinero o cualquier tentativa de engaño contable, de evitar mañas para robar el erario o de triangulaciones para esconder maldades, amén de quererse pasar de listo.

Pero cometió exactamente esta falta, la más costosa, la más denigrante para la carrera de un contador de profesión, en un hecho que fue considerado como una burla para la política estatal, se quiso pasar de listo y lo atraparon de puro milagro. Nadie lo protegió, no tiene amigos con poder actual, lo llevaron al baile. Cayó uno, pero supo negociar a tiempo.

Sin embargo, este ajuste de cuentas apenas es la punta de la madeja que deja al descubierto como la administración gubernamental está desprotegida por falta de sus propias leyes, que no cuenta con la legislación puntual que permita a la Auditoría  Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), por ejemplo porque hay otras más, actuar con eficacia cuando se trata de observar los dineros públicos, de cuidarle las manos a los funcionarios  públicos que cuando ven el arca abierta se abalanzan para saquearla, para robarla sin descaro y después que sus contadores se encarguen de tapar el desfalco con procedimientos amañados y triquiñuelas a modo.

Recientemente, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, del gobierno federal, durante la mañanera en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que actualmente existen muchos casos de posible malversación de dineros en varias dependencias y organismos autónomos en el país que no han sido cerrados porque no existe legislación precisa donde indique plazos fatales en su operación, y como consecuencia los auditores tanto de la federación como de los estados actúan con discrecionalidad, es decir con su propio criterio por delante, nunca con rigor, amparándose en lo que marca la normativa vigente, que es escasa y permisiva, lo que ocasiona que los entes obligados a rendir cuentas de sus actos administrativos los burlen con facilidad simplemente con la contratación de un contador habilidoso, o mañoso, en su caso. Todo esto se puede con la mano izquierda y carcajadas encima.

Buenrostro dijo que por esa flaqueza y otras más, aún es tiempo que varias auditorías aplicadas al propio gobierno federal y sus dependencias, así como a organismos autónomos y gobiernos estatales, nunca se cierran, nunca se terminan con denuncias, algunas, las menos importantes, se les da terminación porque no encontraron nada irregular, pero donde hay observaciones, donde hay posibles delitos, se mantienen abiertas por la eternidad, nada los obliga a cumplir plazos fatales ni buscar culpables, eso se lo dejan a otras instancias.

De tal manera que, es posible, un gran número de entidades federativas no han cumplido a cabalidad con las respuestas puntuales de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, que con las normas vigentes no están obligados a comprobar nada en rigor y la autoridad en fiscalización tampoco tiene la facultad de cumplir tiempos, todos a gustito, todos festejando los lineamientos y nadie se espanta. Colmenares está en el ojo del huracán por ser tolerante y vendido con gobiernos estatales, quienes le abultan los bolsillos, según se dice, a cambio de que se haga de la vista corta en sus auditorías, donde casualmente salen sin deber nada. Muna Dora Buchahin se ha convertido en su sombra y ha descubierto muchos actos de corrupción ahí adentro de la ASF, también de cochinero. Desnudó a la Estafa Maestra a nivel nacional, misma que no ha concluido después de tantos años. Todo se volvió negociable, para tristeza del pueblo. Pero eso qué importa.

En Hidalgo nos chorreamos de miel, nadie se espanta ni de la Estafa Siniestra, que parece una burla y un juego, donde ni las amenazas de cárcel se cumplen y la impunidad es la reina. Que viva la reina, pues, y todos felices.

EN CORTO… Que el lenguaje incluyente no debe imponerse a fuerzas ni tampoco prohibir su uso, porque el lenguaje es una de las expresiones más libres del ser humano y limitarlo podría abrir la puerta a la censura. En estos términos se expresó Julio Romano Obregón, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El docente garza dijo que respecto a los cambios gramaticales que propone el lenguaje incluyente, la lengua siempre ha estado en constante transformación y que son las personas quienes determinan sus usos. Detalló que, aunque no existe una norma oficial para su aplicación, las distintas variantes (como el uso de la “e”, la “x” o el desdoblamiento de palabras) son válidas siempre que permitan visibilizar la presencia de grupos que antes fueron ignorados.

Planteó que la Real Academia Española (RAE) no ha fijado un criterio sobre este tema, pues estos usos todavía no están lo suficientemente extendidos. Con el tiempo, dijo, podrían consolidarse e incorporarse a las reglas lingüísticas, como ha ocurrido con otras transformaciones del idioma, pero por ahora cada institución y comunidad decide cómo aplicarla. A fuerzas, pues nada entra, ¡entendido!

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