Justicia climática en Hidalgo: un llamado urgente a políticas ambientales equitativas
Porque combatir el calentamiento global no puede ser una consigna vacía. Necesitamos que cada peso recaudado contribuya a cambiar nuestra realidad: menos humo, más vida; menos privilegios para los contaminadores, más justicia para las generaciones futuras.
El cambio climático ya no es una amenaza lejana, es una realidad palpable que afecta directamente a Hidalgo. Las sequías prolongadas, las olas de calor intensas y la escasez de agua son manifestaciones evidentes de una crisis ambiental que exige respuestas inmediatas y justas.
Hidalgo se encuentra entre las 13 entidades mexicanas con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que la escasez de agua afectará al 50 por ciento del territorio estatal, impactando especialmente a 15 municipios como Atlapexco, Huautla y Yahualica.
Además, investigaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) revelan un aumento en la temperatura promedio del estado, lo que incrementa el riesgo de déficit hídrico, especialmente en regiones como la Huasteca y la Sierra Madre Oriental.
La vulnerabilidad de Hidalgo frente al cambio climático no es un fenómeno reciente, es el resultado de una combinación de factores geográficos, socioeconómicos y políticos que han convergido a lo largo del tiempo. El estado presenta una diversidad de ecosistemas, desde zonas áridas hasta regiones montañosas y bosques nublados, lo que lo hace susceptible a una variedad de impactos climáticos.
En 2013, Hidalgo promulgó la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, estableciendo un marco legal para enfrentar los desafíos ambientales. Ese mismo año, se implementó el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo (PEACCH), que identificó áreas prioritarias como biodiversidad, recursos hídricos, agricultura y salud pública.
A pesar de estos esfuerzos, la ejecución de políticas ha enfrentado obstáculos, incluyendo la falta de coordinación interinstitucional y recursos financieros limitados. Además, la persistencia de proyectos energéticos basados en combustibles fósiles ha generado desconfianza sobre el compromiso real con la sostenibilidad.
La justicia climática implica reconocer y abordar estas desigualdades, garantizando que las políticas ambientales beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables.
Estas iniciativas demuestran el poder de la participación ciudadana y la importancia de involucrar a las comunidades locales en la formulación e implementación de políticas ambientales.
Para enfrentar eficazmente el cambio climático en Hidalgo, se requieren acciones concretas:
Desarrollo de un Atlas de Riesgo Ambiental: este instrumento permitiría identificar las zonas más vulnerables y diseñar estrategias específicas de mitigación y adaptación.
Fortalecimiento de la legislación ambiental: es crucial actualizar y aplicar leyes que promuevan la sostenibilidad y protejan los derechos de las comunidades afectadas.
Fomento de la educación ambiental: integrar la educación ambiental en todos los niveles educativos para concienciar y empoderar a la ciudadanía.
Apoyo a las comunidades vulnerables: implementar programas que proporcionen recursos y capacitación a las comunidades más afectadas, garantizando su participación en la toma de decisiones.
En el contexto actual de emergencia climática, donde los gobiernos deben actuar con urgencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, resulta paradójico —y preocupante— que ciertas políticas fiscales en México, como el impuesto al carbón, no estén alineadas con los principios de justicia ambiental ni con los compromisos internacionales en materia de mitigación.
El impuesto al carbón, como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), fue introducido en 2014 con la intención declarada de desincentivar el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, su diseño, aplicación y efectos reales han sido altamente cuestionados por expertos en economía ambiental y justicia climática. Lejos de cumplir con una función correctiva —como sería internalizar los costos ambientales de la contaminación—, se ha convertido en una figura que, en la práctica, genera distorsiones económicas y sociales que perpetúan la dependencia de energías sucias sin lograr una verdadera transición energética.
Formalmente, el impuesto al carbón se aplica a la venta o importación de combustibles fósiles, entre ellos el carbón mineral y el coque de petróleo, con el argumento de que deben pagar por su impacto ambiental. No obstante, el monto establecido por tonelada de CO2 emitido es irrisorio en comparación con los costos reales del cambio climático.
Para ponerlo en perspectiva: mientras que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial recomiendan que el precio por tonelada de CO2 ronde los 50 a 100 dólares para tener un impacto disuasorio efectivo, el impuesto mexicano apenas alcanza los 3 dólares por tonelada en promedio. Esta cifra es tan baja que no representa un verdadero incentivo para cambiar de fuente energética ni promueve tecnologías limpias.
Desde una perspectiva de justicia climática, el impuesto al carbón tal como existe hoy en México representa una barrera, no una solución. En lugar de impulsar una transición energética justa —aquella que contempla beneficios sociales, tecnológicos y ambientales para las comunidades más vulnerables—, perpetúa una estructura extractivista y regresiva. Los municipios carboníferos, como los de Coahuila o regiones de Hidalgo, afectados por el uso intensivo de combustóleo siguen cargando con los impactos ambientales (contaminación del aire, enfermedades respiratorias, degradación del suelo) sin recibir compensaciones proporcionales.
En estados como Hidalgo, donde coexisten fuentes energéticas fósiles (como la termoeléctrica de Tula) y potencial para renovables (como la planta solar de Nopala o iniciativas comunitarias de biomasa), se necesita una política fiscal ambiental inteligente que grave fuertemente a quienes contaminan y, al mismo tiempo, reinvierta en proyectos que transformen las economías locales, promuevan empleos verdes y restauren los ecosistemas.
Hoy el estado de Hidalgo empieza a colocarse en el ámbito de la economía ambiental y a usar las taxonomías de mercado verde en la lucha contra el cambio climático. El impuesto al carbón, si se desea mantener como herramienta de política pública, debe reformularse bajo criterios técnicos, ambientales y éticos. Algunas propuestas que han surgido desde organizaciones sociales, académicas y organismos multilaterales incluyen:
Aumentar progresivamente el monto del impuesto por tonelada de CO2 emitida, alineándolo con estándares internacionales.
Crear un fondo verde federal que canalice los ingresos recaudados hacia proyectos comunitarios de eficiencia energética, restauración de cuencas y desarrollo de infraestructura resiliente.
Establecer un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de las emisiones vinculadas a las actividades sujetas al impuesto.
Diseñar mecanismos de transición justa para trabajadores del sector fósil, especialmente en regiones dependientes del carbón.
Fortalecer la participación ciudadana y municipal en la asignación y fiscalización del uso de estos recursos.
El impuesto al carbón en México, tal como está estructurado, no solo es insuficiente, sino contradictorio. No contribuye a reducir emisiones, no fomenta la justicia ambiental y no apoya a las comunidades que más padecen el deterioro ambiental. En lugar de ser un instrumento de transformación, se ha vuelto una simulación fiscal. Urge una reforma profunda que reoriente este impuesto como una herramienta eficaz en la lucha contra el cambio climático, bajo principios de equidad, sostenibilidad y corresponsabilidad.
Porque combatir el calentamiento global no puede ser una consigna vacía. Necesitamos que cada peso recaudado contribuya a cambiar nuestra realidad: menos humo, más vida; menos privilegios para los contaminadores, más justicia para las generaciones futuras.
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