Hidalgo, entre la retórica oficial y la realidad de la seguridad pública
Hidalgo vive un repunte delictivo que contrasta con el discurso oficial; la seguridad pública no puede construirse con percepciones, sino con diagnósticos reales, visión crítica y políticas efectivas
La seguridad pública es uno de los temas que más molestia causa a quienes gobiernan y a sus seguidores. Ensimismados en su rutina de ir al pasado constantemente paras explicar el presente y justificar lo mal hecho, dejan de lado la importancia de brindarle seguridad a sus propias familias.
Hidalgo se encuentra en medio de un crecimiento inesperado de criminalidad, las propias cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo demuestran; negarlo, justificar la negación, solo porque inversionistas han llegado al estado, no resulta lo más inteligente.
En fechas recientes, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha declarado que en la entidad “no hay criminalidad”, lo cual, según él, ha propiciado un ambiente favorable para la atracción de inversiones. Estas afirmaciones, aunque optimistas, contrastan con datos y hechos que sugieren una realidad más compleja en materia de seguridad pública en el estado.
Durante el primer cuatrimestre de 2025, Hidalgo registró más de 5 mil delitos dolosos, lo que representa una cifra inusitada para el que hasta hace apenas una década era el estado más pacífico del país.
Aunque estas cifras pueden parecer exageradas, es importante considerar que, en enero y febrero de 2025, Hidalgo experimentó un aumento del 36.7 por ciento en los homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento en delitos de alto impacto pone en entredicho la percepción de una entidad libre de criminalidad.
Además, municipios como Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo y Tula de Allende concentran el 70 por ciento de los delitos denunciados en la entidad, lo que indica que la violencia y la inseguridad están focalizadas en áreas específicas.
El gobernador ha anunciado la llegada de inversiones por más de 27 mil millones de pesos, destacando que la seguridad es un factor clave para atraer inversiones. Si bien es cierto que un entorno seguro es atractivo para los inversionistas, es fundamental que las políticas públicas en materia de seguridad se basen en diagnósticos precisos y no en percepciones optimistas que puedan desviar la atención de los desafíos reales.
Contradiciendo sus declaraciones anteriores, el gobernador Menchaca reconoció recientemente la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la DEA que señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa y del Noreste en territorio hidalguense.
Este reconocimiento es un paso importante hacia una evaluación más realista de la situación de seguridad en el estado.
Se ha dicho que el gobierno de Hidalgo ha destinado más de 2 mil 770 millones de pesos al rubro de seguridad en 2025, y ha recibido 253 millones de pesos adicionales de la federación para fortalecer las capacidades operativas y modernizar la tecnología en materia de seguridad.
Estos recursos son esenciales para mejorar la infraestructura y capacitación de los cuerpos policiales, pero su eficacia dependerá de una implementación estratégica y transparente.
Es imperativo que las autoridades adopten una postura realista y autocrítica respecto a la situación de seguridad en Hidalgo. Reconocer los problemas existentes es el primer paso para diseñar e implementar políticas públicas efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y, en consecuencia, generen un entorno propicio para el desarrollo económico.
La seguridad pública en Hidalgo presenta desafíos que no pueden ser ignorados ni minimizados. Si bien se han realizado esfuerzos significativos y se han destinado recursos importantes al sector, es fundamental que las autoridades mantengan una visión crítica y basada en datos objetivos para enfrentar los problemas de criminalidad de manera efectiva. Solo así se podrá construir un estado verdaderamente seguro y atractivo para las inversiones.
Una política pública eficaz en materia de seguridad pública para Hidalgo debe partir del reconocimiento de que el desarrollo económico y la paz social son procesos interdependientes.
Por ello, es factible la creación de un Programa Integral de Seguridad para el Desarrollo, cuyo eje rector sea articular la atracción de inversiones con el fortalecimiento institucional de la seguridad. Este programa debe establecer un modelo de gobernanza compartida en el que empresarios, autoridades locales, universidades y sociedad civil participen activamente en el diseño y evaluación de estrategias para la prevención del delito y la generación de empleos dignos en zonas de alta vulnerabilidad social.
El programa tendría como uno de sus componentes centrales la Creación de Corredores de Inversión Segura, en donde los proyectos industriales o de servicios de alto impacto vayan acompañados de infraestructura de vigilancia inteligente, presencia coordinada de fuerzas policiales capacitadas en derechos humanos y prevención, y estrategias comunitarias de cohesión social.
Estos corredores se ubicarían estratégicamente en regiones con potencial económico y con riesgo de penetración del crimen organizado, con el doble propósito de blindar las inversiones y generar oportunidades legítimas de trabajo que disminuyan la incidencia delictiva.
Un segundo componente clave sería el Fondo Estatal de Seguridad para la Productividad, financiado con una mezcla de recursos públicos y aportaciones privadas voluntarias, que se destinaría al equipamiento, profesionalización y dignificación de las policías municipales en áreas estratégicas para el desarrollo económico.
Este fondo permitiría estandarizar protocolos, garantizar certificaciones y monitorear el desempeño de los cuerpos de seguridad, generando confianza tanto en la ciudadanía como en los inversionistas nacionales y extranjeros.
Se debe incorporar un Sistema de Monitoreo y Evaluación Ciudadana, apoyado por tecnologías de datos abiertos y plataformas digitales, para que cualquier persona pueda dar seguimiento a los avances en materia de seguridad e inversión.
Este mecanismo no solo fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas, sino que permitiría ajustes oportunos en la política pública conforme evolucionen las condiciones del entorno. Solo así Hidalgo podrá aspirar a ser un territorio que combine seguridad sostenible con desarrollo económico incluyente.
¡Recibe las noticias al momento en tu Whatsapp! Únete a nuestro Canal: https://bit.ly/3S0OztH
