Igualdad que se mide, transparencia que se construye
La rendición de cuentas, entendida así, trasciende lo financiero: incorpora el impacto social de las decisiones públicas y su capacidad para generar bienestar
La igualdad sustantiva no es una idea abstracta ni un principio que deba quedarse en el discurso. En el servicio público se traduce en condiciones reales para que todas las personas accedan, participen y se desarrollen en igualdad de oportunidades. Para lograrlo, no basta con declararla: es indispensable observarla, evaluarla y rendir cuentas sobre sus avances.
En este sentido, la función fiscalizadora desempeña un papel esencial. Supervisar el uso de los recursos públicos también implica revisar si estos contribuyen a reducir desigualdades o si, por el contrario, las reproducen. La rendición de cuentas, entendida así, trasciende lo financiero: incorpora el impacto social de las decisiones públicas y su capacidad para generar bienestar.
Por ello, la medición cobra especial relevancia. Contar con indicadores claros permite conocer la realidad institucional y orientar la toma de decisiones. Hoy sabemos que en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) laboran 305 personas servidoras públicas, de las cuales 142 son mujeres, es decir, el 46.56 por ciento. Asimismo, en los espacios de mando, 37 de 80 posiciones están ocupadas por mujeres, lo que representa el 46.25 por ciento. Estos datos reflejan avances concretos hacia una integración más equilibrada.
En este marco, el Día Naranja nos recuerda cada mes que la violencia contra las mujeres no se erradica solo con llamados, sino atendiendo sus causas estructurales. Entre ellas, la desigualdad de oportunidades sigue siendo una de las más persistentes. Por ello, impulsar instituciones más equitativas también contribuye a construir entornos más seguros, justos y respetuosos.
La igualdad sustantiva también se expresa en el desarrollo profesional. En este rubro, destaca que 44 servidoras públicas —el 31 por ciento del personal femenino— cuentan con estudios de posgrado o se encuentran en proceso de cursarlos. Este indicador no solo refleja preparación académica, sino la consolidación de capacidades que fortalecen la calidad del servicio público.
Impulsar estas condiciones es fundamental. Facilitar el acceso a la profesionalización mediante esquemas flexibles, apoyados en herramientas tecnológicas, permite que más mujeres continúen su formación sin enfrentar barreras adicionales. Así, la igualdad deja de ser una aspiración y se convierte en una práctica institucional.
Desde la perspectiva de la fiscalización, también resulta indispensable evaluar el impacto de las políticas públicas. La pregunta no es solo si los recursos se ejercen conforme a la norma, sino si están generando cambios reales. Medir resultados, dar seguimiento y transparentar la información son condiciones esenciales para fortalecer la confianza ciudadana.
La revisión permanente de cómo se integran y evolucionan las instituciones forma parte de una responsabilidad pública que no admite simulaciones. Medir la igualdad sustantiva, evaluar sus avances y corregir sus rezagos es también una manera de fortalecer la función fiscalizadora. Porque cada indicador que se analiza y cada brecha que se atiende contribuyen a mejorar la gestión pública, elevar la calidad del servicio y consolidar instituciones más justas, eficientes y cercanas a la ciudadanía.
La rendición de cuentas no es opción: es deber público.
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