Actrices vs poetas y el misterio del cabaret patético
El verdadero problema —y lo que debería ser la prioridad para este y cualquier gobierno que se presuma de izquierda— son las infames condiciones materiales de los artistas en CDMX y en el resto del país.
A estas alturas de la tragicomedia cultural capitalina, uno ya no sabe si aplaudir, exigir el reembolso en taquilla o pedir una auditoría a la imaginación oficial. Como en toda farsa que se respete, cuando a los protagonistas se les olvida el texto, comienzan a improvisar. Y vaya maravilla de improvisación presenciamos estos días con el glorioso, lentísimo y casi imperceptible arte de recular de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México (CDMX) ante la “expropiación” de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la cual aparentemente mantendrá su nombre, esencia e historia después de sendos reproches.
Ante la justificada protesta literaria y el desastre mediático, la dependencia matiza. Tras recular en su ocurrencia de borrar al “poeta” por considerarlo un opresor “genérico masculino”, en un magistral contorsionismo conceptual, anunciaron un “cabaret poético”. El extravío intelectual es tal que Ana Francis Mor, operando como un dios ex machina, intenta convencernos de que el agua y el aceite se mezclan con suficiente presupuesto. Pero la comedia de enredos no se detiene en la semántica. Para justificar este asalto a la rima, se han sacado de la chistera un dato “histórico”: afirman que en la casa del poeta existía un “Café Concert”. Un invento francamente tierno, diseñado a la medida para justificar la metamorfosis del inmueble. Y como toda narrativa de redención necesita villanos, nos cuentan la infame leyenda de que la Casa del Poeta —ese refugio que durante décadas prestó sus espacios gratuitamente a editoriales independientes, revistas y fanzines de muchachos emergentes— en realidad les cobraba a los autores por presentar sus libros. Eso sí, para “protegerlos” de estos abusos fantasma, la nueva administración anuncia que a partir de ahora habrá una rigurosa “curaduría” para decidir quién presenta obra. Traducción simultánea del dialecto burocrático al español: censura con gafete institucional.
Pregunto, con la genuina perplejidad de un ciudadano de a pie: ¿en qué momento la prioridad del gobierno de Clara Brugada se convirtió en reivindicar el cabaret? La titular ha declarado que su “chamba” es quitarle los prejuicios a este género. No, estimada funcionaria: su trabajo es administrar, democratizar y defender la cultura de los capitalinos, no utilizar el aparato del Estado para hacerle promoción a su propio gremio, a sus nostalgias escénicas y a su negocio personal. Si un secretario de Obras fuera dueño de una cementera y decidiera que la prioridad de la ciudad es hacer monumentos de concreto gris, los abogados ya estarían redactando la denuncia por conflicto de interés. ¿No hay acaso un asidero legal, un reglamento de contraloría o un gramo de pudor que frene esta colonización de las instituciones por las únicas motivaciones personales y artísticas de los funcionarios cuatroteros en turno?
El cabaret es vital, pero no tiene por qué desahuciar a la literatura. Si la gran cruzada de este sexenio es redimir la lentejuela, la ironía y la sátira política, ahí tienen al teatro Blanquita, un gigante arrumbado y recuperado por el gobierno de la ciudad hace años, en el que no ha pasado absolutamente nada.
Y ojo con la disputa entre actrices y poetas, porque es una trampa estéril: plantear esto como una guerra santa entre los inmaculados líricos y la gente del cabaret es morder un anzuelo estúpido. En este sainete, gran parte del gremio literario también ha sacado a pasear su esnobismo de cubículo, desvirtuando y ninguneando al cabaret como si no fuera una disciplina artística compleja, punzante y rigurosa. Y por supuesto que los recintos culturales pueden mutar y resignificarse; la nostalgia no es título de propiedad. Pero la vocación de un espacio público se transforma mediante el diálogo y el consenso ciudadano, no por el capricho de una funcionaria que confunde la chequera del Estado con la de su propia compañía.
El verdadero problema —y lo que debería ser la prioridad para este y cualquier gobierno que se presuma de izquierda— son las infames condiciones materiales de los artistas en CDMX y en el resto del país.
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