Hidalgo, ese sueño nuestro

Hay estados que administran su territorio y estados que lo van dilapidando sin darse cuenta. Hidalgo tiene la fortuna de sentarse justo donde la Sierra Madre Oriental se topa con el Eje Neovolcánico Transversal, un cruce geográfico que nos regaló ecosistemas que van del matorral xerófilo a la selva alta perennifolia en un mismo mapa estatal. 

Y, sin embargo, cuando uno revisa lo que hacemos con esa riqueza, el diagnóstico no es alentador. No es catastrofismo: es lo que muestran los propios instrumentos oficiales de planeación cuando se leen con cuidado.

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Empecemos por el agua, porque casi todo lo demás depende de ella. El propio Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) lo reconoce sin rodeos: el equilibrio hídrico —esa idea sencilla de no sacar de los acuíferos más de lo que la naturaleza logra reponer— sigue siendo, en buena parte del territorio, una meta y no una realidad. 

Los proyectos industriales y el crecimiento urbano presionan una demanda que los acuíferos del centro del estado y del Valle del Mezquital no pueden sostener indefinidamente. Cuando llegue la próxima sequía prolongada —y llegará, porque el patrón climático de la región centro del país ya apunta hacia ahí— no vamos a tener el colchón que debimos construir hoy.

Luego está el corredor Tula–Atotonilco de Tula–Tepeji, que cualquier persona que haya manejado por esa zona conoce sin necesidad de leer un solo estudio técnico: se huele. Ahí conviven la refinería de Pemex, la termoeléctrica de la CFE, decenas de industrias y un río, el Tula, que durante décadas ha recibido buena parte de las aguas residuales de Ciudad de México a través del Valle del Mezquital. 

Décadas de investigación en salud pública y ciencias ambientales han documentado los efectos de esa carga contaminante sobre el aire, el agua y los suelos agrícolas de la región. No hace falta inventar cifras para saber que ahí hay un problema serio y sostenido en el tiempo; basta con preguntarle a quien vive ahí.

Y después, más cerca de casa, el caso que en los últimos meses ha estado en boca de organizaciones ambientalistas de Pachuca: el Parque Ecológico Cubitos, en Mineral de la Reforma. Ahí un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) municipal terminó debilitando las políticas de conservación que ya establecía el ordenamiento estatal. 

Y ese detalle, que suena técnico y hasta aburrido, en realidad es el corazón del problema: tenemos una arquitectura institucional donde el nivel de gobierno más expuesto a la presión inmobiliaria —el municipio— es también el que tiene más margen para relajar la protección de un patrimonio natural que, en teoría, es de todos.

A esto hay que sumar los pasivos que dejó más de un siglo de minería en la región de Pachuca–Real del Monte y en Zimapán, con suelos y cuerpos de agua que la literatura científica ha señalado repetidamente como afectados por metales pesados y arsénico de origen minero, sin que exista todavía una remediación integral. 

Y la deforestación en la Huasteca hidalguense, donde el cambio de uso de suelo agropecuario sigue comiéndose la cobertura forestal que funciona como regulador del clima regional.

Visto por separado, cada uno de estos problemas parece asunto de gestión ambiental de rutina: un trámite, un programa, un decreto. Pero vistos juntos, y bajo la lupa del cambio climático, cuentan otra historia: la de un estado que va perdiendo, paso a paso, su capacidad de responder cuando las cosas se pongan difíciles. 

Los acuíferos sobreexplotados son justamente lo primero que necesitaríamos intacto frente a una sequía severa. Los suelos contaminados y erosionados dejan de cumplir su función de capturar carbono. 

Las áreas naturales fragmentadas, como Cubitos, dejan de operar como corredores biológicos y como amortiguadores térmicos justo cuando las olas de calor en la zona metropolitana de Pachuca son cada vez más notorias para cualquiera que las viva.

Mitigar y adaptarse no son palabras que se agoten en el discurso de un funcionario o en la portada de un plan estatal de desarrollo. Son, en términos muy concretos, la diferencia entre llegar a la próxima década con algo de margen de maniobra o llegar en estado de emergencia permanente. 

Y aquí es donde creo que la discusión pública en Hidalgo sigue fallando: seguimos tratando la política ambiental como un apéndice técnico de la política de desarrollo económico, cuando en realidad —y esto no es una opinión, es derecho vigente— debería tratarse ante todo como política de derechos humanos.

El artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y obliga al Estado a garantizarlo. 

No es una frase decorativa metida entre otras garantías. Desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, todas las autoridades del país —también las estatales y municipales de Hidalgo— tienen que aplicar el principio pro persona y el control de convencionalidad: es decir, interpretar sus programas de ordenamiento ecológico y sus autorizaciones de uso de suelo bajo el estándar más protector que tengan disponible, sea de fuente nacional o internacional.

Y de fuentes internacionales no andamos escasos. México es parte del Acuerdo de París, que compromete a mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2°C y a fortalecer la respuesta frente al cambio climático. 

Está sujeto, desde abril de 2021, al Acuerdo de Escazú, el primer tratado de la región que vincula el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales con la protección de quienes defienden el territorio —una figura que en Hidalgo cobra sentido inmediato cuando se piensa en organizaciones como la Sociedad Ecologista Hidalguense, que ha documentado y cuestionado técnicamente decisiones como la del POEL de Mineral de la Reforma. 

Y está obligado, desde 2012, por la Ley General de Cambio Climático, que exige expresamente a los municipios incorporar la adaptación y la mitigación en sus instrumentos de planeación territorial.

Traducido a lo concreto: cuando un ayuntamiento hidalguense aprueba un POEL que reduce la protección de un parque frente a lo que ya había fijado el ordenamiento estatal, no está tomando una decisión administrativa cualquiera, sujeta al criterio político del momento. 

Podría estar incumpliendo obligaciones convencionales de las que el Estado mexicano, en todos sus niveles, es responsable. Cambiar suelo de conservación a suelo urbanizable no es un trámite neutral: compromete el derecho colectivo a un ambiente sano de quienes hoy habitan el territorio y de quienes lo habitarán después. 

Ese tipo de decisiones debería pasar, como mínimo, por una motivación reforzada, una participación pública real —no simulada— y el principio de no regresividad que exige el derecho ambiental internacional.

Hidalgo no necesita más diagnósticos técnicos. Ya tiene el POETH, ya existen estudios sobre la calidad del aire en el corredor Tula–Tepeji, ya hay evaluaciones de vulnerabilidad hídrica guardadas en algún cajón de alguna secretaría. 

Lo que hace falta es la voluntad política de tratar esos instrumentos como lo que jurídicamente son: mandatos derivados de un derecho humano, no sugerencias técnicas negociables cada vez que aparece la siguiente presión inmobiliaria o industrial.

La adaptación climática de verdad empieza cuando un municipio ya no puede debilitar por su cuenta la protección ambiental que fijó el estado; cuando la ciudadanía organizada tiene acceso efectivo —no solo formal— a la información y a la justicia ambiental que le garantiza el Acuerdo de Escazú.

Cuando cada nueva autorización de uso de suelo tiene que responder, sin excepción, a la pregunta que debería encabezar cualquier política pública en esta materia: ¿esta decisión protege o compromete el derecho de quienes todavía no nacen a heredar un Hidalgo habitable? 

Mientras esa pregunta no sea la primera que nos hagamos, vamos a seguir administrando la crisis en lugar de responder a ella.