EEUU negocia con narcos, pero no con México
En Chicago, fiscales federales confirmaron que no pedirán la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Lejos de ser un gesto humanitario, la decisión apunta a un acuerdo de cooperación judicial que expone la fragilidad del gobierno mexicano en asuntos de seguridad binacional.
En Chicago, fiscales federales confirmaron que no pedirán la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Lejos de ser un gesto humanitario, la decisión apunta a un acuerdo de cooperación judicial que expone la fragilidad del gobierno mexicano en asuntos de seguridad binacional.
El 25 de julio de 2024, Guzmán López aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, NM, aledaño a El Paso, TX. No lo hizo solo. En el avión también iba Ismael el Mayo Zambada, el antiguo socio del Chapo, quien declaró haber sido secuestrado por Guzmán López en Culiacán y entregado a los agentes de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La FGR abrió una carpeta por secuestro y tráfico de personas, pero nunca ha recibido la información pertinente de las autoridades estadounidenses. La soberanía nacional, una vez más, ha sido ignorada por el gobierno de EEUU, tanto bajo Joe Biden como de Donald Trump.
La operación fue cuidadosamente negociada. Guzmán López buscaba beneficios judiciales para él y su hermano Ovidio —extraditado en 2023—, así como protección para su familia, 17 de cuyos integrantes, su madre incluida, entraron a EEUU desde Tijuana hace algunas semanas. A cambio, entregó a Zambada, narcotraficante histórico y obstáculo central para el ascenso de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.
Con su entrega, el equilibrio del cártel se fracturó. La vieja guardia de Zambada (La Mayiza) y la facción de los Guzmán (Los Chapitos) se enfrentaron en Sinaloa, dejando una estela de muertos, desplazados y parálisis en zonas clave del estado. La justicia estadunidense, mientras tanto, avanza sin obstáculos.
La eliminación de la pena de muerte para Guzmán refuerza lo evidente: hay cooperación activa. El Departamento de Justicia posterga su audiencia judicial desde marzo. Su caso, como el de Ovidio, avanza en silencio, mientras las autoridades obtienen información sobre rutas, socios y esquemas financieros del cártel. Además, la discreción del proceso sugiere que el hijo del Chapo sigue entregando datos de alto valor estratégico.
Zambada, en cambio, enfrenta 17 cargos federales, incluyendo homicidio y tráfico de fentanilo. Aunque elegible para la pena de muerte, su edad, salud y posible disposición a negociar reducen esa probabilidad. Desde enero, cuando se celebró una audiencia clave en Nueva York, su defensa busca llegar a un acuerdo que le evite el juicio y la ejecución. Su hijo, Vicente el Vicentillo, será uno de los principales testigos en su contra.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz han exigido explicaciones, pero el gobierno de EEUU ha ignorado más de 30 solicitudes de información. México quedó fuera de las decisiones, reducido a espectador indignado de una operación que redibujó el mapa criminal del país. El silencio de los estadounidenses no solo es diplomáticamente ofensivo, sino que pone en duda la supuesta relación de confianza que ambos gobiernos afirman mantener en materia
de seguridad.
Este caso no fue una casualidad, sino un pacto entre actores desiguales. Y como suele ocurrir, uno negocia mientras que el otro se entera por las redes y medios de comunicación.
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