Elección judicial: sin información no hay legitimidad
El verdadero problema es que la ciudadanía ha comprado el relato: que el voto popular garantiza independencia, que los jueces electos serán más honestos, que la voluntad popular elimina privilegios.
A menos de una semana de la elección para renovar jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, la encuesta difundida ayer por Enkoll muestra una realidad preocupante: el 86 por ciento de los encuestados afirma saber que habrá elecciones judiciales, pero solo el 48 por ciento conoce la fecha y apenas el 18 por ciento se siente bien informado. Aún más revelador: el 77 por ciento no puede mencionar a un solo candidato. Es decir, se trata de una elección sin competencia visible, sin debate público y sin perfiles conocidos. Aun así, el 72 por ciento cree necesaria la reforma y el 60 por ciento confía en que reducirá la corrupción e impunidad.
¿Cómo se explica este optimismo en medio de la ignorancia generalizada? Con un solo dato: la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mantiene una aprobación del 83 por ciento, incluso entre simpatizantes de la oposición. En otras palabras, el respaldo a la elección judicial no proviene del conocimiento técnico ni del interés ciudadano, sino de la popularidad presidencial. Se apoya en la fe que los mexicanos tienen en ella, no en los hechos.
La participación proyectada es igualmente alarmante. El INE estima que votará entre 8 por ciento y 15 por ciento del padrón, mientras que Enkoll calcula un máximo de 22.9 por ciento. El desinterés se explica por varios factores: el desconocimiento generalizado, el hecho de que los votantes recibirán hasta 10 boletas y deberán seleccionar hasta 40 cargos judiciales, y la creciente percepción de que se trata de una elección controlada por Morena, cuyos operadores, según denuncias en diversos medios y redes sociales, están entregando “acordeones” que indican a los ciudadanos por quién votar. Así, lo que debería ser un ejercicio de deliberación ciudadana se transforma en una mecánica de obediencia partidista.
El verdadero problema es que la ciudadanía ha comprado el relato: que el voto popular garantiza independencia, que los jueces electos serán más honestos, que la voluntad popular elimina privilegios.
Pero ni el contexto ni la historia respaldan estas premisas. Donde los jueces han sido electos por voto, como en algunos estados de EU, los resultados han sido mixtos. En Bolivia, el 60 por ciento de los votos fueron nulos o blancos en 2011 y más del 65 por ciento en 2017. En Japón, la votación de retención es marginal y rutinaria. En Suiza, la elección popular se limita a algunos cantones, y los jueces federales son designados por el Parlamento con cuotas partidistas. Ningún caso ha probado que una elección genere mayor independencia judicial.
La encuesta de Enkoll, lejos de legitimar la reforma, revela su talón de Aquiles: se pretende democratizar el Poder Judicial sin ciudadanía crítica, sin información y sin condiciones mínimas de competencia. Es un diseño vertical, disfrazado de elección, cuya viabilidad institucional queda en entredicho desde antes de que se emita el primer voto.
Finalmente, quienes hoy defienden la autonomía del Poder Judicial parecen olvidar que este nunca ha sido independiente. Lo que está en marcha no es una ruptura con el pasado, sino la formalización de su vieja subordinación al Ejecutivo. La diferencia es que ahora esa obediencia será refrendada en las urnas y envuelta en la retórica de la democracia. No se trata de empoderar al pueblo, sino de blindar el control político con legitimidad electoral.
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