Después del proceso electoral judicial, ¿qué sigue?
Entrarán en funciones las personas juzgadoras electas y la ciudadanía, haya participado o no en la decisión, podrá ser testigo, por supuesto, con el paso del tiempo, si este procedimiento de selección o elección está respondiendo a las razones que le dieron origen: tener un mejor sistema judicial, en todos los sentidos.
Este domingo 1 de junio se ha llevado a cabo en nuestro país el proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras en cumplimiento a la reforma a la Constitución y leyes secundarias que así lo establecen.
Un proceso electoral sin precedentes no solo en México, sino en el mundo. Un proceso electoral que ha sido respaldado por unos y repudiado por otros desde su origen con el proceso legislativo que devino en la reforma que lo estableció.
Un proceso electoral que empieza a generar datos estadísticos que, como todos los datos, tienen la lectura del interés que los analiza. Preliminarmente, se consigna una participación ciudadana de entre el 12.57 y el 13.32 por ciento.
Como digo, los datos son de quien los analiza y lo que quiere comunicar, así tenemos posturas que festejan el resultado como uno muy exitoso, destacando el 13 por ciento como muy bueno, y comparándolo con otros resultados que, de entrada, al tratarse de procesos diferentes, no son comparables, y otros que descalifican el proceso al resaltar que el 87 por ciento de las personas que conforman el listado nominal no votaron.
Independientemente del respaldo o repudio a la reforma que le dio origen, el hecho es que este proceso electoral está normado en sus términos en nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan —como dice el clásico—.
La reforma constitucional de 2024 al artículo 96 establece que “las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía (…)” (CPEUM).
Independientemente de los porcentajes y las condiciones de la elección, en breve tendremos personas juzgadoras electas y ratificadas por la autoridad electoral que asumirán los cargos que les han sido conferidos.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, democracia es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Un segundo concepto la define como la forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La democracia va más allá de la perspectiva electoral, se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de derecho, la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto mutuo a las diferencias, como fundamento básico de las relaciones sociales pacíficas.
Centrándonos específicamente en la perspectiva electoral, es innegable que para garantizar una democracia transparente y equitativa esta debe basarse en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que fomente la participación ciudadana.
Lo que muchas y muchos ciudadanos queremos es que avancemos. Que se reconozcan las debilidades y los aciertos que la materialización de la reforma judicial haya tenido en este primer proceso electoral y que haya voluntad política para afianzar lo bueno y mejorar o cambiar lo malo para no cometer los mismos errores en 2027 y elecciones subsecuentes. Aprender con humildad de esta primera experiencia. No hay ninguna seguridad de que ello pueda suceder, pero ahí debe presionar la participación ciudadana.
Posterior al proceso electoral, la democracia exige la participación activa de la ciudadanía.
Entrarán en funciones las personas juzgadoras electas y la ciudadanía, haya participado o no en la decisión, podrá ser testigo, por supuesto, con el paso del tiempo, si este procedimiento de selección o elección está respondiendo a las razones que le dieron origen: tener un mejor sistema judicial, en todos los sentidos.
Las expectativas para quienes lo han respaldado son altas, muy altas. Los detractores esperan ver el fracaso para salir con el también clásico: “se los dijimos”. Lo cierto es que hay una responsabilidad casi absoluta de los impulsores de la reforma de que esta responda a las expectativas ciudadanas; que nada cambie, que nada mejore, que se mantenga la percepción, muy expandida, de inoperancia y corrupción del Poder Judicial se puede constituir no en una piedra en el zapato, sino en una lápida sobre la espalda en los objetivos de mantener el respaldo popular, el nivel de aceptación, particularmente, mantener la esperanza, la esperanza de cambio que ha movido la voluntad de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos, como no ocurría en décadas.
En todo esto, habrá que insistir que a la ciudadanía le toca asumir un papel informado, crítico y participativo; dicen que debemos cuestionar todo, empezando por aquello en lo que creemos y apoyamos, de un lado y del otro.
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