La certeza de que el país se encuentra en medio de una crisis no aceptada es un hecho que, hasta el momento, está presente en la discusión escabullida con la oposición y con los socios comerciales…

La certeza de que el país se encuentra en medio de una crisis no aceptada es un hecho que, hasta el momento, está presente en la discusión escabullida con la oposición y con los socios comerciales. No se trata de Trump ni de los ministros canadienses. Se trata de la forma en que el país enfrenta las decisiones económicas y de cómo el presupuesto se ha vuelto, nuevamente, una herramienta de control y sojuzgamiento de las entidades federativas.
Pero, además, está la construcción de una narrativa dirigida solamente a los seguidores desde la conferencia matutina y los golpes internos entre los grupos políticos del oficialismo. Cosas que están a la vista y que no se aceptan como una realidad que se debe enfrentar.
Las afirmaciones, con aroma de confesiones, del presidente del Senado sobre la posibilidad de que la oposición, si llegara a tomar el control del gobierno, mandaría a la cárcel al anterior presidente de la República, a la actual mandataria y, dándose por descontado, también a él. Es un reconocimiento de que han hecho las cosas mal o un llamado a sus bases sociales para que los protejan con un manto de impunidad.
La sospecha, casi demostrada, de que, al final, el proceso de elección de los juzgadores y magistrados pasará necesariamente por la campaña realizada en todos los ámbitos de poder ejercido por el partido oficial. La crisis que se avecina no mañana ni en el siguiente período, es una crisis que ya reconocen en privado, pero que niegan en lo público.
Tenemos que decirlo: había un México que ya se fue, pero no arribaremos al que nos han prometido. No se ve en el firmamento de la nación un país igualitario, con menos pobreza, con mejor salud, con educación de calidad. Con ciencia que enarbole el desarrollo soberano y la construcción de una potencia económica, por ningún lado.
La misma ciencia con líneas de investigación aplicables en otros lugares, menos en nuestro suelo. No se vislumbra de qué manera los recursos naturales se convertirán en un baluarte del crecimiento económico de México. Si lo primero que hacen es negar los impactos que generan en el entorno con las obras que se realizan. Si, en la práctica, especies como el jaguar, el venado y otras de importancia fundamental en los ecosistemas están siendo combatidas como fauna nociva para sus proyectos.
¿Cómo es posible que el proyecto de economía circular sea circular solo para Ciudad de México, pero no para Hidalgo, si el perímetro en el que se va a establecer se encuentra fuera de los polígonos de la zona de restauración?
¿En qué momento, si las obras del río Tula, que lo destruyen, no se han detenido, en medio del discurso pseudoecologista de Sheinbaum, se sigue con un proyecto que tiene como fin un beneficio para la Ciudad de México, pero no para nuestro estado?
Si las ciudades mexicanas, a pesar de contar con programas para enfrentar el cambio climático, no son ciudades para el cambio climático, ya que se sigue destruyendo los ecosistemas para impulsar un crecimiento desmedido, desordenado y fuera de control de una autoridad ambiental que es incapaz de enderezar al menos una acción real, elocuente y firme que sea en favor de la sustentabilidad.
Por encima de la reforma al Poder Judicial, debería existir una reforma integral del medio ambiente, una que discuta el tipo de instituciones que necesitamos en este momento y que deseche la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por carecer de estrategias, capacidades institucionales y presupuesto para diseñar, operar y evaluar políticas públicas útiles para los ciudadanos.
Eliminar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y dar el siguiente paso hacia un organismo capaz de accionar contra el propio gobierno federal y los gobiernos locales para sancionar las acciones que dañan al medio ambiente y a las personas. Suena inadmisible, fuera de lugar y descabellado, pero necesitamos construir un gabinete de transición ambiental, en el que queden de forma segura los planteamientos y compromisos ambientales del gobierno, más allá del discurso y el mitin popular.
México tiene frente a sí una crisis ambiental en la que el fenómeno de La Niña amenaza la disponibilidad de agua para varias entidades del país. Eso es lo de menos. El país enfrenta un recorte presupuestal de 39.36 por ciento en los recursos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que claramente demuestra que el discurso y los hechos no siempre caminan al mismo ritmo.
No se trata de que ya concluyeron un problema y por ello se ahorra algo de dinero. No han empezado a atender un problema y ya recortaron los recursos que deberían usarse. No hay forma de enfrentar los problemas ambientales con un discurso alejado del dinero y las acciones reales.
Mal hacen en aprobar bajo el esquema de la obediencia, porque tiran la soberanía del Poder Legislativo. Mal hacen en no leer y tratar de mirar con pensamiento crítico las propuestas de reformas que son enviadas por el Congreso de la Unión. Mal hacen, pero no les importa.