Hoy Hidalgo se encuentra en una encrucijada. O se fortalece la seguridad pública con decisiones firmes y responsables o seguiremos viendo cómo se deteriora nuestra vida comunitaria…

La inseguridad dejó de ser una cifra en los informes oficiales para convertirse en la preocupación diaria de miles de familias. No es un tema ajeno, está en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Lo que ocurrió recientemente en Actopan, donde dos presuntos ladrones fueron retenidos, golpeados y exhibidos por vecinos, es apenas un ejemplo de lo que sucede en gran parte de Hidalgo: ciudadanos que, cansados de la impunidad, deciden tomar la justicia en sus propias manos.
La escena es repetida: alguien sorprendido robando una casa, despojando a un automovilista de sus pertenencias o arrancando autopartes en plena calle. La comunidad lo detiene, lo golpea, lo humilla. A veces lo entrega a la policía; otras, la violencia termina en un linchamiento. Las redes sociales difunden las imágenes y los videos corren como pólvora. Y al entrar a los pueblos, los carteles advierten sin rodeos: “Si te agarramos robando, te linchamos”.
Más que amenaza, es una confesión colectiva: aquí la autoridad ya no sirve, aquí nos defendemos solos.
El Valle del Mezquital y muchas otras regiones de Hidalgo son testigos de este fenómeno. Y no se trata únicamente de comunidades rurales; también en la capital se observan mantas en colonias que anuncian la “justicia vecinal” como única alternativa. La sociedad ha sido orillada a un punto límite: la desconfianza total hacia las autoridades.
El origen de este problema es evidente. Durante años, los gobiernos municipales y estatales han sido incapaces de construir cuerpos policiacos confiables, cercanos y preparados. Hoy tenemos policías mal pagados, sin equipo suficiente, sin capacitación y, en algunos casos, coludidos con la delincuencia. Denunciar resulta inútil: rara vez se castiga al culpable. La consecuencia es devastadora: cuando la justicia institucional se vuelve una ilusión, la justicia por mano propia se convierte en regla.
Lo más preocupante es que la violencia ciudadana empieza a normalizarse. Se acepta como respuesta “natural” a la inseguridad. Y aquí surge un riesgo enorme: hoy puede ser un ladrón sorprendido en flagrancia; mañana, un inocente acusado sin pruebas. La línea es delgada y peligrosa. Cuando la turba dicta sentencia, nadie está a salvo.
A esta crisis se suma otra contradicción: mientras la ciudadanía exige paz y seguridad, hay autoridades municipales que terminan alentando, de manera indirecta, la cultura de la violencia. ¿Cómo? Abriendo espacios en sus ferias y festivales a cantantes que interpretan narcocorridos, canciones que glorifican al narcotráfico, al secuestro y al robo. Basta recordar lo ocurrido en la reciente feria de Ixmiquilpan. Su alcalde, Emanuel Hernández, prometió que no se contratarían artistas de este tipo. Sin embargo, subieron al escenario cantantes que hicieron apología del delito ante miles de jóvenes. El mensaje es claro: aunque la violencia lastime a las familias, desde el poder se permite que se celebre y se normalice. Y así, cada canción se convierte en una semilla que alimenta la idea de que delinquir es un estilo de vida.
La contradicción es brutal. Mientras vecinos cuelgan lonas advirtiendo que lincharán a quien sorprendan robando, las autoridades organizan espectáculos que romantizan el crimen. Mientras madres se preocupan de que sus hijos lleguen con bien de la escuela, en los escenarios municipales se aplaude a quienes cantan sobre armas, droga y dinero fácil. Ese doble discurso erosiona todavía más el tejido social y deja a la juventud sin referentes positivos.
La inseguridad nos afecta a todos: al comerciante que teme dejar sola su tienda, a la familia que sale a carretera con miedo de ser asaltada, al estudiante que regresa en transporte público, al campesino que vuelve de trabajar de madrugada. El miedo es un denominador común. Nadie se siente a salvo.
Urge un cambio profundo. La seguridad no puede seguir siendo bandera de campaña ni una promesa que se diluye después de la elección. Necesitamos gobiernos que asuman con seriedad su responsabilidad. Gobiernos que fortalezcan a la policía, que recuperen la confianza de la gente y que tengan el valor de cerrar la puerta a espectáculos que promueven la violencia. No se trata de censura, sino de coherencia: no se puede hablar de seguridad y, al mismo tiempo, financiar con recursos públicos un escenario que glorifica al crimen.
El hartazgo ciudadano es real y comprensible. Pero la violencia comunitaria no debe ser la respuesta. Linchar no resuelve la inseguridad, la agrava. Lo que necesitamos es reconstruir el Estado de derecho, garantizar justicia pronta y verdadera y devolverle a la gente lo más importante: la esperanza en que todavía se puede vivir en paz.
Hoy Hidalgo se encuentra en una encrucijada. O se fortalece la seguridad pública con decisiones firmes y responsables o seguiremos viendo cómo se deteriora nuestra vida comunitaria, cómo se normaliza la violencia y cómo se pierde la confianza en las instituciones. Y cuando una sociedad pierde la esperanza en la justicia, lo que queda es un camino oscuro del que es difícil regresar.
Gracias a cada uno de ustedes, lectores de Latidos del Mezquital, por seguir acompañándome en este espacio. Este diálogo con ustedes es lo que mantiene viva la columna, porque juntos damos voz al hartazgo, pero también a la esperanza de que las cosas pueden cambiar.
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