259 años de la primera huelga documentada en América
El próximo 15 de agosto, viernes —como hace 259 años—, la memoria histórica de la comarca Pachuca-Real del Monte rememorará el momento crucial del conflicto laboral entre Pedro Romero de Terreros y los operarios de sus minas…
El próximo 15 de agosto, viernes —como hace 259 años—, la memoria histórica de la comarca Pachuca-Real del Monte rememorará el momento crucial del conflicto laboral entre Pedro Romero de Terreros y los operarios de sus minas. No se trata de la primera huelga de América —como muchos señalan—, pero sí del conflicto laboral más antiguo del que se conserva amplia documentación en el Archivo General de la Nación (AGN) y en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (AHPJEH).
En el primero de los repositorios documentales anotado existe un extenso legajo de todo el proceso laboral, que abarca desde las peticiones iniciales de los trabajadores, suscritas el 2 de agosto de 1766, hasta las actuaciones que dan fe de la suspensión de labores el 15 de agosto de ese mismo año e incluyen los testimonios de carácter penal, derivados de los diversos hechos violentos que se suscitaron.
En tanto que en el AHPJEH obran las constancias relativas a las medidas y prevenciones tomadas por las autoridades tanto de Real del Monte como de Pachuca relativas al clima de violencia vividas a consecuencia del conflicto, tales como bandos donde se decretaron medidas como “toque de queda”, prohibiendo reuniones de dos o más personas después de las 6 de la tarde, cierre de botillerías —expendios de botellas con aguardientes—, pulquerías y puestos de chinguirito —bebida de alto contenido alcohólico—, así como las disposiciones que definieron la jurisdicción privativa —exclusiva— vigente para las minas de Pedro Romero de Terreros.
El conflicto se desencadenó a raíz de que el futuro conde de Regla suspendió el “partido” a sus operarios, prestación que permitía fin de la jornada —medida no por horas sino por el número de costales o tenates de mineral acarreados del lugar del tumbe a los patios de la mina en la superficie— que el operario pudiera sacar uno más costales, que partía —de allí su nombre— por mitad con el dueño de la mina, mineral que regularmente el operario vendía a los rescatadores, individuos que beneficiaban el mineral adquirido en sus propias haciendas de beneficio, sin necesidad de gastar cantidad alguna en su obtención.
En el peritaje solicitado por el virrey Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, a Pedro Josef de Leonz, alcalde mayor de Tulancingo en 1767, y al fiscal José Antonio de Areche, formulado a principios de 1770, ambos, requeridos a fin de conocer a cabalidad el origen del conflicto, se observa que la principal causa del problema fue la que ambos peritos llamaron “perniciosa costumbre del ‘partido’”, práctica que los dos expertos consideraron nociva para los dueños de minas y perjudicial para la corona, en razón de que en la práctica permitía al operario escoger las mejores piedras minerales que beneficiadas por los rescatadores no pagaban el tributo al rey.
En efecto, Leonz señala puntualmente que los operarios en el tumbe, sitio donde las cuadrillas de barreteros van horadando la roca a pico y pala, apartan para sí los “mogrollos” —parte del mineral que los trabajadores reservaban para sí, por ser de mejor calidad que el resto—, ello a efecto de que al concluir la jornada pactada en número de tenates o costales acarreados a la superficie llenaban el costal destinado al partido con el mejor producto obtenido, que después vendían a precios altos a los rescatadores, quienes lo beneficiaban con grandes ganancias, lo que generaba una competencia desleal, ya que los rescatadores no hacían gastos de extracción.
Esto —dijeron los dos peritos— llevó a Romero de Terreros a establecer de manera obligatoria que todo material acarreado —mogrollos y tepetates— fueran vaciados en las artesas destinadas al beneficio y que, una vez revuelto todo, se tomara el que correspondía al partido, lo que desde luego disminuyó la calidad de este último y en consecuencia se redujo el precio pagado por los rescatadores.
Entre el 2 y el 14 de agosto los operarios se reunieron con los capataces de Romero de Terreros, aduciendo que esta última medida violaba la costumbre, como lo establecían las Ordenanzas de Minería del Nuevo Cuaderno, vigentes desde 1584, y por la fuerza restauraron tal práctica, por lo que Romero de Terreros la suspendió, alegando que tal prestación siempre quedó a criterio del dueño de cada mina. Como se sabe, los operarios, enardecidos, suspendieron los trabajos y montaron guardias para que nadie trabajara las minas de la región.
El conflicto llegó a su clímax el 15 de agosto, al enfrentarse operarios y autoridades en un tumulto en el que el alcalde mayor José Ramón de Coca murió a consecuencia de una pedrada en la cara y al menos un minero, Manuel Barbosa, perdió la vida.
Resulta interesante observar que antes, durante y después del estallido del conflicto los trabajadores se mantuvieron unidos, consolidando su conciencia de clase, y obligaron a las autoridades a revisar las condiciones del trabajo en las minas como lo hizo el enviado del virrey, don Francisco Javier Gambia, al comentar las nuevas ordenanzas, de allí la importancia de este conflicto, considerado como punto de partida en el movimiento obrero mexicano, suceso que cumplirá 259 años el próximo viernes 15 de agosto.
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