Durante la sesión del Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, celebrada ayer, quedó como punto de acuerdo retomar en Tulancingo la revisión de los centros de rehabilitación para personas adictas, conocidos como anexos, a fin de constatar que cumplan los lineamientos tanto del sector Salud como del gobierno municipal y de no ser así, clausurarlos.

Lo anterior derivó de la instrucción que en ese sentido giró el edil de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rafael Guerrero Gómez, al tiempo que pidió apoyo a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh).

Esto, en respuesta a denuncias ciudadanas relacionadas con la creciente apertura de anexos que operan en condiciones de hacinamiento y otros factores que generan inseguridad entre los vecinos.

Márquez Alvarado puso como ejemplo la muerte de personas en ese tipo de “centros de rehabilitación”, por falta de atención especializada, presuntas golpizas o por suicidio.

“Si no están regulados entonces los cerramos”, advirtió el edil tras solicitar a la regidora presidenta de la Comisión de Salud, Elsa Mejía Gómez, actualizar el Reglamento de Sanidad para normar la operatividad de los anexos y evitar hechos que, dijo, perjudican la vida, la salud y el patrimonio de muchas familias.

En julio del año pasado, el secretario de Seguridad Ciudadana informó de la primera reunión que tuvo con representantes de 15 de al menos 50 centros de rehabilitación detectados en el municipio.

María Antonieta Islas I Tulancingo