Lorenzo Mejía informó que iniciará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por la violación a sus garantías y por la forma en que actuaron las autoridades tras la liberación del secretario general del ayuntamiento de San Salvador, Diego Pérez Bruno, y dos personas más, señaladas en la causa penal por los hechos de diciembre de 2021 en la comunidad de Xuchitlán, cuando lo despojaron de sus bienes, sancionaron y obligaron a huir.

Consideró que la liberación del funcionario y los dos detenidos fue como parte de una negociación por la presión social que realizaron los pobladores de Xuchitlán y el gobierno municipal, lo que llevó a la decisión del juez.

Sin embargo, la decisión para que el secretario municipal enfrente su proceso en libertad, dijo, “hace pensar que hubo un acuerdo de por medio” y que este caso, que lleva dos años, podría quedar impune, por lo que recurrirán a la CDHEH, donde ofrecerá también una conferencia de prensa para solicitar que se garantice su acceso a la justicia y respeto a sus garantías individuales.

Explicó que los responsables de los hechos están denunciados por diversos delitos que ya fueron acreditados y por los cuales no debieron recuperar su libertad, como ha sido la extorsión, el secuestro y la privación ilegal de la libertad.

El 8 de diciembre de 2021, él, junto con su familia, incluyendo a sus cinco hijos, fue secuestrado, intimidado, amenazado y obligado a firmar un acuerdo de abandonar el pueblo.

A Lorenzo Mejía le destruyeron una vivienda con maquinaria pesada y lo despojaron de sus documentos; asimismo, lo sancionaron con un millón de pesos que debía pagar en un plazo de dos años. Todos estos delitos se acreditaron ante la autoridad; sin embargo, los imputados fueron liberados.