La contraloría interna de Tula de Allende determinó que no hay responsabilidad administrativa ni penal en contra del director de Adquisiciones, Juan León Monroy, así como ningún otro funcionario de la administración 2020-2024 que pudieron estar involucrados en el caso de los colchones contaminados que se entregaron a los afectados de la inundación del 7 de septiembre de 2021.
Lo anterior fue revelado por la regidora Araceli Rivera Díaz, quien sostuvo que personalmente recibió el dictamen de la titular de dicha área, Gabriela Patricia Ponce Esparza, que le hizo saber que habían abierto el proceso de investigación correspondiente por el caso de los 763 camastros que tenían heces fecales, sangre, orines e insectos que el municipio entregó a los damnificados.
No obstante, aseveró la edila, la responsable del informe estableció que no existían elementos como para sancionar alguna conducta en detrimento de los afectados ni una posible malversación de recursos públicos en la compra-venta de dichos artículos.
En octubre de 2021, a un mes de que al menos 35 mil habitantes perdieran su patrimonio a consecuencia del desbordamiento del río Tula, el gobierno municipal adquirió más de 760 colchones que fueron entregados a igual número de perjudicados por el desbordamiento del río.
Sin embargo, se dio a conocer que dichos elementos tenían restos de desechos y de insectos, por lo que, en protesta, los camastros fueron quemados frente a la sede del ayuntamiento.
Los artículos en cuestión fueron comprados a tres proveedores distintos y la operación tuvo que ser autorizada y pagada por el titular de Adquisiciones; no obstante, no hubo responsabilidad sobre el funcionario.
Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende
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