De acuerdo con el Diagnóstico Penitenciario del segundo semestre de 2017, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), existen 19 internos, entre éstos una mujer, con enfermedades mentales en los penales de Pachuca, Tula, Tulancingo y en la cárcel distrital de Tizayuca.

El análisis ubica a 14 reos con padecimientos psiquiátricos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, tres en el de Tulancingo, uno en el de Tula y otro más en la cárcel de Tizayuca.

Según la CDHEH, esta cifra, en comparación con el primer semestre de 2017 y el último de 2016, disminuyó porque, en ambos años, sumaron 28 reos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que el interno del Cereso de Tulancingo, filmado dentro de uno de los separos por otro recluso para exhibir las presuntas condiciones violatorias de sus derechos humanos, sufre una enfermedad mental, como ayer publicó Criterio.

Según la dependencia estatal, el interno J. M. G. M. enfrenta proceso penal por los delitos de homicidio calificado, asalto agravado y robo calificado; sin embargo, el juez de la causa lo declaró inimputable y ordenó su traslado al Hospital Villa Ocaranza para que reciba tratamiento psiquiátrico.

La Dirección de Comunicación Social de la SSPH explicó que no fue posible el ingreso del reo al nosocomio porque no cuenta con áreas específicas para su internamiento, por lo que autoridades del penal dispusieron mantenerlo en un separo, con el consentimiento y apoyo de su madre.

ATENCIÓN

El diagnóstico penitenciario indica que sólo los penales de Actopan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tenango de Doria y Tula tienen un profesional de psiquiatría adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

Mientras, el Cereso de Tulancingo y nueve penales más se apoyan en la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través de los centros de salud, hospitales generales y el psiquiátrico Villa Ocaranza.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, todas las personas privadas de la libertad declaradas inimputables por la autoridad judicial se entregarán a las autoridades de salud para su atención y tratamiento psiquiátrico.

María Antonieta Islas I Tulancingo