Un grupo de personas irrumpió en las instalaciones de la presidencia municipal de Huejutla, cerró calles y generó temor entre la población. En tanto, alrededor de 50 pobladores bloquearon la carretera Tres Huastecas, en Jaltocán, porque no tenían luz, dejando varados a cientos de automovilistas.
Estos y otros casos se registraron durante julio de este año; a pesar de que estas conductas están tipificadas como delitos, no hay denuncias ni detenidos.
En la Huasteca, algunos castigos extrajudiciales son decididos por delegados o por asambleas comunitarias que violan la ley y los preceptos constitucionales de los derechos humanos, y en su mayoría quedan en la impunidad.
La semana pasada, Criterio documentó que habitantes del barrio Xiquila irrumpieron en la presidencia municipal de Huejutla para llevarse a parte del personal.
El presidente de la Asociación de Abogados de la Huasteca, Juan Aguado Solares, señaló que los usos y costumbres indígenas tienen reconocimiento legal, pero no deben violar o vulnerar el Estado de derecho.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno en la Huasteca, Marco Antonio Ramos Moguel, señaló que son manifestaciones que hacen los ciudadanos; sin embargo, dijo que se ha platicado con ellos para resolver las inquietudes que tengan.
“Hay asuntos que tienen que ver con CFE, con delegados y, en otros casos, con obras públicas, pero siempre hacemos un llamado para que durante el diálogo la gente comprenda qué es lo que se tiene que hacer”, expresó el funcionario.
Dijo que ellos saben que si bloquean carreteras o caminos afectan a muchas personas; no obstante, aseguró que paulatinamente se ha ido arraigando este tipo de prácticas: “Esperamos que esto se vaya eliminando poco a poco”.
Rechazó que la desatención sea el principal motivo de las manifestaciones y dijo que es el descontento o “la impaciencia” y en ocasiones la opinión de una persona “puede descontrolar todo”.
Salomón Hernández | Huejutla
Mira la portada de hoy en Criterio Hidalgo: Invertirán en el río Tula mil 400 millones de pesos
La administración federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el gobierno de Hidalgo, invertirá mil 400 millones de pesos en la rectificación y revestimiento del río Tula.
Dicha disposición de recursos representa la protección contra inundaciones de 29 mil 390 habitantes, a través de incrementar la capacidad de conducción hidráulica del afluente a 500 metros cúbicos por segundo.
El revestimiento contempla una longitud total de 3.8 kilómetros, subtramo 1, en una longitud de mil 940 metros de obras de rectificación, ampliación de sección hidráulica de los puentes Zaragoza, Melchor Ocampo y Metlac, subtramo 2, en una longitud de mil 840 metros.
