La organización Save the Children consideró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, pudieron haber incurrido en el delito de trata de personas luego de haber “adoptado” por un fin de semana a un menor de edad con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia.
A través de sus redes sociales, la ONG detalló que el menor fue expuesto al usar su imagen con fines políticos y mercantiles, ya que Mariana Rodríguez publicó en Instagram fotografías y videos en los que aparece el menor.
Además, el organismo manifestó que el niño fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como el derecho a la vida privada, derecho a la identidad y derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
Save the Children recordó que el 15 de enero Samuel García y Mariana Rodríguez solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos, sin tener ningún vínculo con el menor.
Por lo anterior, señaló que la situación refleja las graves carencias de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, por lo que destacó la importancia de que se adopten las medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de éstos.
Asimismo, exhortó a que el caso sea investigado con la participación de las autoridades federales, “dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
“Hacemos un llamado al Gobierno y a la sociedad en México a cuestionarnos cómo tratamos a niñas y niños: ¿Estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales? ¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?”, agregó.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León anunció el día de ayer una queja por la decisión del Gobernador de la entidad y su esposa de “adoptar” al menor.
El organismo indicó que solicitó a la dependencia estatal “adoptar medidas pertinentes, tendentes a garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores de edad que se encuentran en guardia y custodia del DIF”.
https://www.instagram.com/p/CYzSckkPbq5/?hl=es-la
La comisión estatal también solicitó que se implementen los mecanismos pertinentes para que todas las áreas a su cargo cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores, esto con el fin de prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, pidió que se vigilen los procedimientos y formas de intervención de las personas servidoras públicas que atienden a niñas, niños y adolescentes, específicamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, invariablemente observen el marco legal aplicable.
Con información de Milenio
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