N+Focus develó una serie de documentos que apuntan un supuesto lavado de dinero investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), en la que una filial de Diconsa contrató a un par de empresas para un proyecto nuevo de plantas purificadoras de agua.
En abril del 2020 dicho proyecto fue impulsado por el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, el cual consistía en la instalación de 274 plantas purificadoras de agua, distribuidas en tres almacenes centrales y 271 almacenes rurales, con el objetivo de vender a un menor costo a las comunidades que carecen de agua.
Ovalle reveló que de lo prometido solo se han podido instalar 25 y de las cuales la mayoría ya no están en funcionamiento.
René Gavira quien era el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, envió un oficio a los gerentes de sucursales y unidades operativas de Diconsa instruyéndoles que procedieran a la instalación de las plantas purificadoras, el 29 de abril de 2020.
En un inicio la obra se planteaba culminara en 4 años, las cuales al terminó pasarían a propiedad de Diconsa “libres de gravámenes y previas liquidaciones laborales de los trabajadores”, obtenido en el oficio otorgado por la dirección comercial de Diconsa.
Se planteaba la idea de un costo por debajo de las tiendas de autoservicio, con un valor de 15.75 pesos por un garrafón, de 20 litros lo cual era un tercio del valor comercial.
No se dieron a conocer pruebas de calidad del producto con el afán de cumplir con las normas pertinentes de sanidad y en una supervisión llevada a cabo por el personal de OIC a las plantas localizadas en los almacenes rurales de Nogales, Zongolica, Tezonapa (Veracruz), Jilotepec (Edomex) y San Luis de la Paz (Guanajuato) se determinó que estaban operando bajo los lineamientos que garantizaran la inocuidad del producto.
La información proporcionada al OIC no hay evidencia de que se llevara a cabo un estudio de necesidad y demanda de nuevos productos ni un plan o programa de comercialización.
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