Carlos Treviño, ex director de Pemex, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, negarle a Emilio Lozoya cualquier beneficio que le permita salir de la cárcel, porque sería ilegal y sólo dejaría en evidencia un “acuerdo político de impunidad”.

En un escrito entregado ayer, el ex funcionario señala que el criterio de oportunidad, la reparación del daño y la suspensión condicional del proceso son improcedentes en las dos causas penales que se instruyen contra Lozoya por los Casos Agronitrogenados y Odebrecht.

En principio, Treviño refiere que los poco más de 10 millones de dólares que ofrece Lozoya a Pemex como resarcimiento, no es ni una mínima fracción de los 2 mil 813 millones del daño que causó tan sólo en el caso de la planta de Etileno XXI.

“Considerar que con las cantidades que ofrece Emilio Lozoya quedaría reparado el daño entraña la voluntad estatal de liberarlo sin que se cumplan los requisitos que la ley prevén y serían exigibles a cualquier ciudadano sin sus privilegios. Por ello, de aceptar ese acuerdo, la Fiscalía General de la República, el Consejo de Administración de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio juzgador, por validarlo, incurrirían en responsabilidad administrativa y penal”, advierte el regiomontano en su escrito.

“Es claro que constituye una ilegalidad autorizar como reparación del daño una cantidad de dinero que no corresponde con lo que establece la ley para ocultar un acuerdo político de impunidad con Emilio Lozoya”.

“Por lo expuesto, a usted, señor Fiscal General, atentamente pido: primero, me tenga por presentado en los términos de este escrito, por medio del que me opongo tajantemente a que se le celebre un acuerdo reparatorio con el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, o bien se le conceda una suspensión condicional del proceso o un criterio de oportunidad”.

En el documento, Treviño toma como punto de partida la nota publicada el pasado 11 de abril por REFORMA, en la que se da a conocer que el Consejo de Administración de Pemex ya aprobó las ofertas de acuerdos reparatorios de Lozoya y que sólo faltaba formalizar los convenios ante el juez responsable de sus procesos para que saliera de prisión.

En el Caso Odebrecht, Lozoya está procesado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, mientras que en el caso Agronitrogenados sólo por este último. Treviño señala que todos estos ilícitos se persiguen de oficio, es decir, no necesitan una querella de una parte ofendida para ser perseguidos y sancionados.

Por esta razón, recuerda que los acuerdos reparatorios no son procedentes en estos delitos, porque no hay legalmente una parte ofendida, aunque Pemex tiene esa representación en los dos procesos.

Adicionalmente, refiere que el Código Penal Federal dice que la reparación del daño debe ser proporcional a la gravedad de la afectación causada y sufrida, situación que es muy lejana a la realidad en el asunto de su antecesor en la dirección de Pemex.

Lo dice porque Lozoya ofrece reparar un daño de 10.7 millones de dólares y tan sólo en un asunto -la cancelación de una cláusula que impedía a Braskem-Idesa penalizar a Pemex por la falta de suministro de gas etano a la planta de Nanchital, Veracruz-, el daño está calculado en más de 2 mil 800 millones a la empresa productiva del Estado.

 Cabe precisar que Lozoya no está procesado por el caso de Braskem.

 “La diversa ofendida Pemex ya había manifestado ante el juez de control que el daño causado por Emilio Lozoya es irreparable, de manera que, por lo menos, ahora debería justificarse por qué se considera que es adecuado recibir las cantidades de dinero que propone”, dice.

“Por eso es importante advertir que, en realidad, no se está reparando el daño en términos de la ley y que lo que está sucediendo es que no están aplicando la norma aprovechando el desconocimiento de la opinión pública sobre los requisitos que deben observarse para reparar el daño proveniente de los delitos cometidos por Emilio Lozoya”.

El ex funcionario indica que, en caso de formalizar los beneficios para Lozoya, tanto los funcionarios de la FGR, como de Pemex y la UIF, además del juez de control, incurrirían en delitos contra la administración de la justicia, coalición de servidores públicos y ejercicio ilícito del servicio público.

“Esto, debido a que los funcionarios de Pemex que participen en la autorización y aprobación de ese acuerdo tienen como conocimiento de que en ese caso resultarán gravemente afectados sus intereses. Máxime que el Presidente de la República ya ha indicado que es necesario que se repare completamente el daño y eso sólo es posible acatando en sus términos el artículo 30 del Código Penal Federal”, señala.

“Estarían inaplicando conjuntamente el artículo 30 del Código Penal Federal para permitir a Emilio Lozoya salir de prisión sin garantizar ni siquiera una fracción de lo que en realidad implicaría la reparación del daño causada por los delitos que se le imputan”.

En septiembre pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez ordenó la aprehensión de Carlos Treviño por asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de no comparecer a la audiencia en la que iba a ser imputado por el caso de la planta de Etileno XXI.

Treviño salió del País unos días antes de girarse su captura y a la fecha se desconoce su paradero.

Abel Barajas | Agencia Reforma