La gobernadora Maru Campos enfrenta presión por posible acuerdo irregular
La presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro de México volvió a encender la tensión política y diplomática. Esta vez, el foco está en Chihuahua, donde la participación de dos agentes estadunidenses —presuntamente vinculados a la CIA— en un operativo antidrogas desató cuestionamientos directos al gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván.
El caso salió a la luz tras la muerte de ambos agentes en un accidente automovilístico el pasado fin de semana, cuando regresaban de un operativo para desmantelar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
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Sin embargo, lo que parecía un hecho aislado rápidamente escaló a nivel nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que ni el gobierno federal ni las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de la participación de estos elementos en territorio mexicano.
“Se revisó si hubo notificación a Relaciones Exteriores, Defensa o Seguridad, y no se informó”, declaró la mandataria, subrayando que esta intervención contraviene la Ley de Seguridad Nacional, reformada en 2020 para limitar la actuación de agentes extranjeros en el país.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ofreció versiones distintas sobre la presencia de los agentes. Inicialmente, afirmó que participaban como “instructores” en un operativo; posteriormente, matizó que impartían un curso sobre manejo de drones y que simplemente solicitaron integrarse al convoy que regresaba de la operación.
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No obstante, reportes de medios estadunidenses apuntan a que no era la primera vez que agentes de la CIA colaboraban en acciones similares en Chihuahua durante este año. Incluso, se menciona que al menos tres operativos habrían contado con su presencia, lo que abre la puerta a posibles acuerdos no transparentados.
El caso también tensó la relación entre México y Estados Unidos. Desde Washington, figuras cercanas al presidente Donald Trump han exigido mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, e incluso han cuestionado la postura del gobierno mexicano.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió “simpatía” por la muerte de los agentes, mientras que Sheinbaum ha reiterado su rechazo a permitir operaciones extranjeras en territorio nacional sin control del Estado mexicano.

Ante la polémica, la gobernadora Campos sostuvo una reunión con el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para esclarecer los hechos. La presidenta adelantó que se investigarán los acuerdos que permitieron esta colaboración y por qué no se notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Además, tanto la gobernadora como el fiscal deberán comparecer ante el Senado en los próximos días. No se descarta que el caso tenga consecuencias políticas mayores, incluida una posible destitución si se comprueba que se violaron las disposiciones legales.
Más allá del accidente, el episodio pone sobre la mesa un tema sensible: la soberanía en materia de seguridad. La ley mexicana permite el intercambio de inteligencia con agencias extranjeras, pero prohíbe su participación directa en operativos.
El desenlace de este caso no solo definirá responsabilidades en Chihuahua, sino que también marcará el rumbo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
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