El Senado de la República ha dado un paso en la protección de los derechos humanos al aprobar una reforma legislativa que impone sanciones severas contra las terapias de conversión sexual.

Con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, los legisladores respaldaron esta medida, reconociendo la gravedad de estas prácticas que atentan contra la integridad y dignidad de las personas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, quienes realicen terapias de conversión sexual enfrentarán penas de prisión que oscilan entre dos y seis años, acompañadas de multas económicas considerables, las cuales podrían ascender de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta decisión legislativa envía un mensaje claro de rechazo a cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género.

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Es importante destacar que las sanciones serán aún más severas en casos donde las víctimas sean menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad, reflejando así un compromiso con la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Una de las disposiciones más relevantes de esta reforma es la aplicación de sanciones incluso en casos donde los responsables sean padres, madres o tutores de las víctimas. En estos escenarios, se contempla la posibilidad de aplicar amonestaciones o apercibimientos, según lo determine el juez, enfatizando la responsabilidad y el deber de cuidado de quienes tienen autoridad sobre los menores.

Asimismo, se establece que las personas que, en el ejercicio de profesiones relacionadas con la salud, promuevan, apliquen o financien tratamientos destinados a cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, serán sancionadas conforme al Código Penal Federal y enfrentarán la suspensión en el ejercicio de su profesión por un periodo de uno a tres años.

La reforma también simplifica el proceso de denuncia, permitiendo que la presentación de una denuncia sea suficiente para iniciar la investigación de estos delitos, lo que facilitará el acceso a la justicia para las víctimas.