La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció este miércoles que México “es responsable” de violar los derechos de dos hombres que estuvieron más de 17 años en prisión preventiva.
“México es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial” de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron detenidos en 2002, determinó la Corte.
Ambos fueron arrestados en el marco del homicidio de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México (centro). Fueron interrogados y se decretó inmediatamente la medida de “arraigo” mientras se realizaba la investigación, por lo que quedaron en prisión preventiva.
Terminada la investigación comenzó el proceso penal y ambos fueron mantenidos en prisión preventiva “por más de 17 años”, afirmó la Corte IDH, con sede en San José.
En 2022 ambos fueron condenados por homicidio a pena de prisión de 35 años. La sentencia fue apelada.
Además del arraigo, en México existe la prisión preventiva oficiosa, que a diferencia de la prisión preventiva justificada, es decretada por un juez y no por un fiscal, sin petición del Ministerio Público, en base a la acusación de un delito previsto por la norma.
La Corte Interamericana determinó que México debe “dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre–procesal” y “adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa”, entre otras medidas de reparación.
Un 40% de los casi 227.000 presos contabilizados en México están en prisión preventiva, algunos desde hace varios años, según el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que pidió eliminar la modalidad automática, existente desde 1917, por considerar que viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
En su sentencia, la Corte señaló que la prisión preventiva oficiosa contraría a la Convención Americana de derechos ya que no se hace mención a la finalidad de la medida o peligros procesales a prevenir.
La Suprema Corte de México busca la manera de derogar esta medida restrictiva para resolver los casos de más de 92.000 personas en prisión preventiva en el país.
A pesar de las críticas nacional e internacionales, el presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, sostiene que la norma, que considera clave en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, solo puede ser modificada por el Congreso.
San José, Costa Rica | AFP
