La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al exgobernador priista de Nuevo León Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la primera de varias denuncias por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, que podrían superar los mil millones de pesos.
Según información a la que Grupo Reforma tuvo acceso, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, detectó una red de empresas para hacer triangulaciones millonarias, depósitos en efectivo entre cuentas bancarias y empresas fachada, inversiones en fondos extranjeros y envío de recursos a cuentas en Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos.
Otras operaciones bajo la lupa de la UIF en la denuncia son la autocompra de un terreno en Saltillo, la adquisición de predios de sus “compadres” para instalar la planta de Kia en Pesquería y la adjudicación de un megacontrato por más de mil 600 millones de pesos para aplanar los terrenos de la armadora.
Además del exgobernador, cuyo sexenio fue del 2009 al 2015, entre los señalados por la UIF están su padre, Humberto Medina Ainslie, y sus hermanos Humberto Ricardo y Alejandro David.
La primera denuncia se relaciona con la venta en 92.6 millones de pesos de un terreno en Saltillo con la que el priista buscaba justificar que tenía ingresos para adquirir en 2014 una residencia de 13.3 millones de pesos en el fraccionamiento Las Misiones en Monterrey.
Sin embargo, como publicó Grupo Reforma el 21 de agosto del 2017, esta operación resultó una “autocompra” porque el predio fue adquirido en diciembre del 2013 por la empresa Multi Terrenos, creada por la misma familia Medina.
Actualmente el caso —del que se dio vista al SAT y a la Fiscalía de Nuevo León— se encuentra en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, bajo la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-NL/0001266/2020.
La UIF también investiga al exgobernador y a su familia por haber armado una red de empresas de todo tipo para triangular cerca de mil millones de pesos entre el 2013 y el 2017.
Estas triangulaciones ocurrieron luego de la compra de terrenos que hizo el gobierno estatal para la instalación de la planta de Kia en Pesquería y del otorgamiento de un contrato de más de mil 600 millones de pesos para desmontar y aplanar esos predios.
La UIF encontró que las empresas clave en este entramado son Inmobiliaria Galord, creada por Bernardo Castillón Gómez y Juan Manuel García Cañamar, y Proyectos Inmobiliarios Olimpia, propiedad de
Dimitri Hadjópulos.
Castillón, García y Hadjópulos son amigos cercanos del exgobernador, señalados por algunas personas como sus compadres.
Staff l Agencia Reforma
