Dos quejosas, integrantes de la colectiva feminista Mercadita Las Insurgentes, denunciaron irregularidades y omisiones durante el tratamiento de sus casos de violencia y violación en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.

Gabriela Hernández Esparza, una de las afectadas, dijo que inicialmente denunció a su expareja sentimental por violencia doméstica pero que, tras un proceso de seis años en los juzgados, actualmente busca la guardia y custodia de su hija de 12 años, a quien no ha podido ver en los últimos cuatro años.

“Durante ese tiempo han surgido puras omisiones en el Centro de Justicia para Mujeres, el que está por San Carlos; quisiera hacer un llamado a las autoridades pertinentes porque ahorita mi agresor está quitado de la pena y pidiendo una pensión alimenticia”, expresó la mujer en entrevista con Criterio.

Por otro lado, Mercedes Uraga contó que su hija fue víctima de abuso sexual y acudió al mencionado recinto a realizar su denuncia; no obstante, a casi un año de que se levantó la carpeta de investigación, aseguró que no han existido avances en el proceso, además de que, acusó, hubo filtración de información confidencial hacia el presunto responsable.

“Pedimos justicia y la destitución de la directora de la institución porque es una persona con privilegios que no sabe de violencia y que no se entrega al trabajo”, manifestó la afectada a este medio, quien aseveró que sufrió de amenazas por parte de los involucrados y que, por ello, tuvo que cambiar de trabajo, mientras que su hija actualmente recibe terapia psicológica como consecuencia de los hechos.

A la conferencia de prensa también acudió Aylen Trejo Leal, tía de dos niñas que presuntamente fueron violadas, y manifestó que los juzgados deben dictaminar a favor de las infancias.

Irving Cruz | Pachuca