La denuncia también involucra a la excontralora municipal, al extesorero y a la exadministradora
Al señalar que no existen avances en las investigaciones, la regidora Nadia Reyna Camacho presentó un exhorto ante el Cabildo de Pachuca para solicitar a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo que determine si existe responsabilidad del expresidente municipal Sergio Edgar Baños Rubio por presuntos actos de corrupción y peculado relacionados con una denuncia por supuestos “aviadores” durante su administración.
La regidora indicó que ha transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia formal sin que se conozcan avances en la integración del expediente, por lo que pidió que la autoridad ministerial defina la situación jurídica del exalcalde y de exintegrantes de su administración, entre ellos Gabriela Moralez Ríos, Omar Antonio Murbartian López y Norma Yolanda Ibarra Baños.
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La denuncia también involucra a la excontralora municipal, al extesorero y a la exadministradora, quienes son señalados por su presunta participación en hechos que podrían constituir los delitos de peculado, negociaciones indebidas, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Durante su intervención, Reyna Camacho sostuvo que corresponde a la Fiscalía desahogar las pruebas recabadas y resolver el caso conforme a derecho, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.
La asambleísta recordó que la querella deriva de la presunta contratación de tres personas adscritas a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento durante los últimos dos años de la administración pasada, quienes, de acuerdo con la denuncia, habrían cobrado salarios sin desempeñar las funciones correspondientes.
Según lo expuesto por la regidora, los presuntos aviadores percibían remuneraciones de entre 20 y 25 mil pesos mensuales durante un periodo aproximado de dos años, tiempo en el que presuntamente se simuló el desempeño de los cargos, motivo por el cual solicitó que la investigación concluya con una resolución que determine las responsabilidades legales correspondientes.
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